San Salvador, 19 mar (EFE).- Representantes de diversas organizaciones no gubernamentales presentarán el próximo 24 de marzo ante el Supremo de El Salvador una demanda de inconstitucionalidad por la Ley General de Minería Metálica por "violentar el derecho humano al agua" y "amenazar al medio ambiente".
Así lo anunció este miércoles el ambientalista Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en una conferencia de prensa por motivo del Día Mundial del Agua.
"Anunciamos que diversos espacios, articulaciones, organizaciones de diversos tipos -ambientales, de mujeres, de jóvenes, de derechos humanos- vamos a presentar el lunes ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad por Ley General de Minería Metálica", dijo González.
Señaló que el llamado es a realizar una caminata desde el parque Cuscatlán, en San Salvador, hasta la sede de la Corte Suprema para la entrega de la demanda que será acompañada de un paquete de firmas de ciudadanos que están en contra de la minería.
La máxima representación de la Iglesia católica entregó el martes un paquete con 150.000 firmas de ciudadanos que rechazan la explotación minera en El Salvador e insistió en la derogación de la ley que permite esta práctica, aprobada en diciembre pasado, ya que considera que "el país no resistiría la extracción minera".
La acción de la Iglesia católica se suma a protestas convocadas por diversos sectores para rechazar la minería metálica y pedir la derogación de la normativa.
El presidente Nayib Bukele defendió en enero pasado la minería pese al rechazo de algunos sectores de la sociedad de la ley minera aprobada para permitir la explotación minera en el país, y en ese momento aseguró que aún «no hay» permisos para la realización de esta práctica.
No obstante, a la fecha el Gobierno no ha informado si ya se han extendido permisos para proyectos de exploración y explotación minera.
El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica desde 2017 pero esta fue revertida en diciembre pasado por iniciativa legislativa del presidente Bukele, que aseguró que el país posee los yacimientos de oro "con mayor densidad por km2 en el mundo".
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas en El Salvador, un país de 6,3 millones de habitantes.
Además, la realización de actividades mineras en El Salvador "amenaza directamente" a la cuenca del Río Lempa, que es "la principal fuente de agua para más del 50 % de la población salvadoreña", según dijo recientemente la ambientalista Irene Díaz. EFE
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