Un tribunal japonés ha condenado este miércoles a un hombre a diez años de prisión por el intento de asesinato llevado a cabo en abril de 2023 contra el entonces primer ministro de Japón, Fumio Kishida, cuando le lanzó una bomba casera en un acto de campaña ante las elecciones generales.
La magistrada Keiko Fukushima ha explicado que "las pruebas periciales han demostrado que los explosivos tienen poder letal y que el acusado arrojó deliberadamente los explosivos, sabiendo que Kishida y otros podrían morir", reconociendo la intención del acusado de matar y encontrándolo culpable de intento de asesinato.
El Tribunal de Distrito de Wakayama, ciudad donde se produjo el ataque, ha remarcado que "este ataque tuvo como objetivo a un primer ministro en funciones y causó gran ansiedad en toda la sociedad", según ha recogido la cadena de televisión NHK.
"El acusado presentó una demanda por el sistema electoral y la publicó en las redes sociales, pero no hubo respuesta, por lo que atacó deliberadamente a una figura clave para atraer la atención del público. Fue un crimen planificado", ha señalado la corte.
Así, ha considerado que "es necesario un castigo severo para evitar delitos similares, y la grave interferencia con el sistema electoral, que es la base de la democracia, no puede tomarse a la ligera".
El atacante, Ryuji Kimura, de 25 años, había sido acusado de un total de cinco delitos, incluida la violación de la ley de control de explosivos, la de control de armas de fuego y armas blancas, y la ley de elección de cargos públicos.
Durante el juicio, el acusado ha negado que tuviera la intención de matar, mientras que ha explicado que su motivo fue su "insatisfacción" con el sistema electoral y su deseo de "llamar la atención en un lugar donde se encontraban presentes destacados políticos" y dar a conocer sus ideas.
Su equipo legal ha argumentado que no se habían establecido los cargos de intento de asesinato y violación de la ley de control de explosivos, y que una pena de prisión de tres años era apropiada, ya que el delito, en su opinión, fue una agresión contra las dos personas que resultaron heridas.
Los fiscales habían solicitado 15 años de cárcel, después de señalar que hubo intención de matar basándose en el testimonio de los agentes de Policía que afirmaron que una reconstrucción de los hechos demostró que el explosivo había penetrado una tabla de madera contrachapada de 9 milímetros de espesor, lo que demuestra su poder letal.
El ataque se produjo menos de un año después de que el ex primer ministro Shinzo Abe fuera asesinado durante un mitin, una cuestión que ha puesto en tela de juicio la seguridad con la que cuentan políticos y altos cargos en el país. El propio Kishida aseguró "no se tolerarán actos violentos" contra candidatos a las elecciones e instó a aumentar las medidas de seguridad durante la campaña.
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