La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha nombrado a un grupo de expertos para colaborar con las autoridades hondureñas en la investigación del asesinato de la activista ecologista Berta Cáceres.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) se ha creado en virtud de un acuerdo suscrito por la CIDH, el Estado de Honduras y la parte representante, COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para "fortalecer la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Berta Cáceres y otros delitos conexos". El grupo propondrá "medidas de reparación y garantías de no repetición", destaca la CIDH en un comunicado.
En la presentación del GIEI en Tegucigalpa han participado la presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, así como altos cargos hondureños, familiares de Berta Cáceres y miembros del COPINH.
"El GIEI Honduras trabajará de manera independiente e imparcial. Durante su mandato, establecerá diálogos con víctimas y testigos, así como con autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. También recurrirá a fuentes de información clave para el esclarecimiento de los hechos, además de las que le proporcionen sus contrapartes en el Estado y la sociedad civil hondureña", ha resaltado la CIDH en un comunicado.
Los cuatro miembros del GIEI, Ricardo Guzmán Loyo, Roxanna Altholz Pedro Biscay y Jaime Vidal como secretario ejecutivo, tendrán un mandato de seis meses a partir de su instauración. Presentarán informes parciales y un informe final, todos ellos de acceso público.
"El trabajo del GIEI representa un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y en la protección de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo rol es clave para la democracia y el Estado de derecho en la región", ha subrayado la CIDH.
Cáceres, ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, una infraestructura que, de construirse, destruiría bosques nativos y territorios indígenas.
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