San José, 10 feb (EFE).- La condena contra el obispo nicaragüense desnacionalizado Rolando Álvarez, muy crítico con el Gobierno que presiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, cumplió este lunes dos años con el jerarca expatriado en Roma, en donde dijo no sentirse exiliado, sino "liberado y en la diáspora".
El obispo nicaragüense, de 58 años, fue condenado a 26 años y cuatro de meses de prisión por una jueza y magistrados de apelaciones afines al Gobierno sandinista que lo declararon culpable por delitos considerados "traición a la patria" y lo privaron de su nacionalidad.
El religioso fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos.
Tras negarse a subir al avión, Álvarez fue trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.
Ortega tildó a Álvarez de tener un "comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana y que debe incluso pensar en ocupar el cargo de su santidad, el papa" Francisco, por negarse a ir a EE.UU.
"Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno", lanzó Ortega entonces.
Los epítetos contra el jerarca por parte de las autoridades continuaron en la víspera después de que el obispo ofreciera una entrevista al noticiero católico EWTN Noticias, en la que contó su experiencia a un año de su liberación y llegada a Roma.
El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó esas declaraciones, en las que el jerarca aseguró que en Roma ha "venido consiguiendo la paz interior que tanto necesitaba", que siempre creyó en su liberación y lo que le "sostuvo fue la oración", y que el papa Francisco lo ratificó como obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, "aun estando en la diáspora".
En su comunicado de protesta, el Ejecutivo sandinista desconoció a Álvarez de sus cargos eclesiales porque "dejó de ser nicaragüense" y lo tildó de "adefesio", "ambicioso", "apátrida", "destructor", "esperpento", "falso profeta", "fariseo", "irredento", "mercader", "profeta del vacío", entre otros epítetos.
"Sepan, señores, que sus inmorales adefesios y esperpentos, disfrazados de pastores, aquí ni volverán, ni pasarán. La fe nos vale", sentenció el Gobierno, para quien Álvarez, "desde tronos ególatras, con disfraces y máscaras de benevolencia y farisaico misticismo, continúa agrediendo al pueblo nicaragüense, en su pretensión de poder político, ridícula, insolente e indecente".
El obispo Álvarez fue liberado en enero de 2024 luego de que el Ejecutivo sandinista acordara con la Santa Sede su envío hacia el Vaticano, junto al obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenían privados de libertad.
La excarcelación de los religiosos nicaragüenses ocurrió 14 días después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus de ese año, expresara su preocupación por la detención de decenas de sacerdotes en Nicaragua.
Las relaciones entre el Vaticano y Managua, que están suspendidas oficialmente, atraviesan momentos de gran animadversión: el papa Francisco llegó a denunciar el "desequilibrio" de Ortega y a su régimen de "dictadura grosera".
Este, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del "conglomerado del fascismo" y ha disuelto y expropiado a la Compañía de Jesús, los jesuitas, que es la orden del papa Francisco, y ha expulsado de Nicaragua a 46 sacerdotes y obispos desde 2018.
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