La Comisión Europea ha abierto este viernes expediente a España y otros cuatro Estados miembro por retrasos en la transposición a su legislación nacional de la nueva directiva contable que busca aliviar de carga burocrática a las empresas de menor tamaño para reducir también el impacto de la inflación.
Los Estados miembro debían garantizar la transposición de las medidas de esta directiva relativa a los ajustes de los criterios de tamaño de las empresas a su normativa nacional y notificarlo a la Comisión antes del 24 de diciembre de 2024, un plazo que han incumplido también Chipre, Malta, Portugal y República Checa.
Esta directiva tiene por objeto aumentar los criterios de tamaño monetario de la directiva contable para determinar la categoría de tamaño de una empresa a fin de ajustarlos al impacto de la inflación desde 2013.
Con ello, se garantiza que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no queden sujetas a disposiciones indebidas de la UE en materia de información financiera y de sostenibilidad aplicables a empresas de mayor tamaño, algo que Bruselas considera fundamental para seguir reduciendo la carga administrativa.
Los países afectados disponen ahora de dos meses para completar su transposición y notificar sus medidas de aplicación a la Comisión, que a falta de una respuesta satisfactoria podrá darles un ultimátum de dos meses antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
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