París, 23 ene (EFE).- El grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre cohecho alertó este jueves de las amenazas que pesan sobre la independencia judicial en Perú en relación con algunas investigaciones que afectan a agentes internacionales, en particular los relacionados con el escándalo Lava Jato en Brasil.
Una misión de este organismo mantuvo en Lima encuentros esta semana con altos responsables gubernamentales, además de representantes de los poderes legislativo y judicial y concluyó que existe "preocupación por los acontecimientos que podrían poner en peligro la independencia judicial y fiscal en Perú".
"Desde 2023, algunos fiscales del equipo especial Lava Jato, unidad anticorrupción creada en 2016 para coordinar las investigaciones peruanas sobre cohecho vinculadas" a ese escándalo desencadenado en Brasil, "han sido objeto de procedimientos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras seguían ocupando sus cargos y desempeñando sus funciones", indicó la misión.
Agregó que en ese mismo periodo fueron presentadas iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros del Consejo Nacional de Justicia, lo que a su juicio también alerta contra la independencia de la magistratura.
Al tiempo, consideró que la iniciativa para sustituir ese consejo por un Colegio Nacional de Magistrados "debe evaluarse cuidadosamente para evitar posibles impactos en la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de designación y disciplina de jueces y fiscales".
La misión señaló que las recientes reformas en el marco legal peruano en materia de acuerdos de cooperación y decomiso de activos "podrían socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsable de actos de corrupción".
Todas estas medidas "plantean inquietudes sobre la capacidad de investigar casos de cohecho internacional".
La presidenta del grupo de trabajo sobre cohecho, Kathleen Roussel, que encabezó la misión, reconoció los "avances" que ha hecho Perú en la lucha contra la corrupción, incluido el lanzamiento de varias investigaciones de alto perfil contra importantes agentes públicos.
"Para mantener ese impulso es esencial que Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de la interferencia política", agregó.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Melchor Arana Ysa, aseguró que el Ejecutivo su país "respeta la separación de poderes" y "los tratados internacionales".
"Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar que ustedes tengan la mayor independencia durante sus reuniones. Estamos seguros de que en los próximos meses realizarán una evaluación adecuada, en base a la información recabada", añadió. EFE
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