La UE y nueve países alertan de la escalada de violencia y la crisis humanitaria en Birmania

Violencia en Birmania: la UE y otros gobiernos exigen el respeto al Derecho Internacional Humanitario, abogan por la protección de los civiles y destacan la grave crisis de los rohingyas

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Las autoridades de la Unión Europea y otros nueve países han alertado este lunes de la preocupante escalada de violencia en Birmania y la tensión intercomunitaria, instando a la junta militar del país, cuyo líder enfrenta una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad, y a "todos" los actores armados implicados en el conflicto a reducir la violencia, respetar el Derecho Internacional Humanitario y a buscar una solución política que contemple la situación de la discriminada comunidad rohingya.

"Estamos profundamente preocupados por el empeoramiento de la crisis humanitaria y de Derechos Humanos en Birmania. Esta crisis se ve exacerbada por la escalada de violencia, así como por la tensión intercomunitaria. La continua y violenta represión del régimen contra el pueblo de Birmania es inaceptable", han dicho los Veintisiete en un comunicado junto a los Gobiernos de Estados Unidos, Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza, Timor Oriental y Reino Unido.

Estas palabras se producen después de que los rebeldes del Ejército de Arakán (AA) se hicieran a mediados de diciembre con el control del cuartel general de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de 2021 en la ciudad de Ann, en el estado occidental de Rajine, a medida que avanzan los enfrentamientos entre las partes.

Los 36 gobiernos han aludido a "informes fidedignos" sobre abusos de Derechos Humanos que atestiguan "secuestro y reclutamiento forzoso de niños y miembros de minorías étnicas y religiosas, bombardeos aéreos indiscriminados del Ejército de Birmania (...), violencia sexual, quema de viviendas ataques" e incluso "desmembramiento e incineración de civiles".

Las mismas informaciones mencionan también "ataques contra trabajadores e instalaciones humanitarias" y denuncian "restricciones al acceso humanitario" por todas las partes en un conflicto que ha provocado más de 3,5 millones de desplazados, más de 15 millones de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y el aumento de brotes de enfermedades como el cólera.

Las autoridades de la Unión Europea y de los otros nueve países han instado al Ejército birmano y a los rebeldes de Arakán a "reducir la violencia, respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, proteger a los civiles y permitir el acceso pleno, seguro y sin trabas" de ayuda humanitaria.

Además, han subrayado la necesidad de "abordar la discriminación subyacente y el trato brutal que sufren los rohingyas" en "una solución política a la crisis" del país asiático, pidiendo a su vez la desescalada de las tensiones y la liberación de todos los presos detenidos arbitrariamente.

"Seguimos apoyando los llamamientos en favor de un diálogo auténtico, constructivo e integrador para hallar una solución pacífica a la situación de Birmania y volver a la senda de la democracia integradora", han añadido, destacando la labor de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) "en la búsqueda de una solución a la crisis"

Los ataques del Ejército de Arakán en Rajine comenzaron en noviembre de 2023 y, desde entonces, los rebeldes se han hecho con el control de doce de los 17 municipios de la zona, así como el de Paletwa, en el estado adyacente de Chin.

El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Aung San Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.

La asonada fue el inicio de una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) estima que más de 27.000 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, de las cuales 20.715 siguen encarceladas. Además, la AAPP cifra en 5.480 los fallecidos como consecuencia de la acción violenta de las fuerzas militares desde la asonada.

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