
El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de cometer un "genocidio" en la región sudanesa de Darfur desde que estalló el conflicto en abril de 2023, por lo que ha sancionado en represalia al líder del grupo paramilitar, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti'.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha acusado a las RSF y a sus aliados de asesinar sistemáticamente a hombres y niños, incluyendo bebés, por cuestiones étnicas, mientras que ha señalado al grupo paramilitar por violar deliberadamente a mujeres y niñas, así como por llevar a cabo otro tipo de violencia sexual en su contra.
"Esas mismas milicias han atacado a los civiles que huyen, han asesinado a personas inocentes que escapaban del conflicto y han impedido que el resto de los civiles accedan a suministros que son vitales", ha señalado Blinken en un comunicado.
El secretario de Estado estadounidense ya determinó en diciembre de 2023 que tanto las RSF como el Ejército de Sudán habían cometido crímenes de guerra en el marco del conflicto, que ha provocado "la mayor catástrofe humanitaria del mundo".
En represalia, Washington ha impuesto sanciones contra 'Hemedti' por su responsabilidad en la comisión de "crímenes de guerra" y otras "atrocidades documentadas" en Sudán, incluyendo "asesinatos por motivos étnicos y violencia sexual como arma de guerra".
"Como comandante general de las RSF, Hemedti tiene responsabilidad de mando por las acciones abominables e ilegales cometidas por sus fuerzas", ha indicado el Departamento del Tesoro en un comunicado en el que resalta además que el líder del grupo paramilitar ha violado la Declaración de Yeda.
Este acuerdo, según ha recordado Washington, fue firmado por las RSF en mayo de 2023 e incluye una serie de compromisos para permitir el paso de ayuda humanitaria en el país, evitar el sufrimiento de los civiles y prevenir crímenes de guerra como la violencia sexual.
Las sanciones forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos para "promover la rendición de cuentas" por el conflicto, si bien Washington ha dejado claro que esto no supone un "apoyo" al Ejército de Sudán, puesto que "no apoya a ninguno de los lados".
SANCIONES A SIETE EMPRESAS Y UN INDIVIDUO
En paralelo, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra siete empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos y un individuo --Abu Dharr, propietario de Capital Tap Holding-- por adquirir armamento y proporcionar dinero al grupo paramilitar sudanés.
"El Departamento del Tesoro está comprometido a utilizar todas las herramientas que haya disponibles para responsabilizar a aquellos que son responsables de violar los Derechos Humanos del pueblo sudanés", ha dicho en un comunicado el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
Sudán se encuentra sumido en una guerra civil a raíz de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir.
Desde entonces, se estima que 11,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse a nivel interno debido al conflicto, tal y como indican datos de la ONU. Otros 3,2 millones han tenido que abandonar el país africano.
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