La detención del suspendido presidente surcoreano degenera en un conflicto de competencias

La Oficina de Investigación de Crímenes de Altos Funcionarios Públicos (KOFIC) de Corea del Sur extenderá el periodo de validez de la orden de detención del suspendido presidente Yoon Suk Yeol, que expira este mismo lunes, en medio de conflictos con la Policía Nacional sobre el procedimiento exacto para ejecutar la orden.

El suspendido presidente está bajo esta orden judicial tras negarse hasta en tres ocasiones a comparecer frente a acusaciones de insurrección en el marco de la fallida ley marcial que declaró el pasado 3 de diciembre y que desató una tormenta política en el país. El pasado viernes, un primer intento para detener a Yoon desembocó en un enfrentamiento abierto entre los agentes y su dispositivo de seguridad, que finalmente hizo retroceder a los investigadores.

Desde entonces ha emergido una nueva polémica en torno a la verdadera autoridad que tiene la KOFIC sobre la Policía nacional. El subdirector de la agencia anticorrupción, Lee Jae Seung, ha asegurado frente a las críticas que "la ejecución de una orden de detención debe ser realizada por la Policía bajo las órdenes de un fiscal y las órdenes significan que la ejecución de las mismas pueden ser confiada a un agente de Policía".

Este lunes, la Policía surcoreana ha enviado una carta a la oficina anticorrupción declinando sus instrucciones para intentar una nueva detención al entender que la petición contiene "defectos legales", ha hecho saber en rueda de prensa el portavoz policial Baek Dong Heum. Fuentes policiales bajo condición de anonimato han señalado que, por ahora, la Policía y la KOFIC seguirán cooperando y compartiendo la responsabilidad de ejecutar la orden de detención del suspendido presidente, si ésta llegara a ocurrir.

Sobre la caducidad de la orden de detención, que expira a medianoche de este lunes, hora local (las 16.00 en la España peninsular y Baleares), el subdirector de la KOFIC ha estimado que lo más probable, dada la complejidad de la situación, es que su oficina solicite a los tribunales que amplíe la validez de la orden por un periodo no especificado, según declaraciones recogidas por el 'Korea Times.