San Diego (EE.UU.), 1 ene (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisores de San Diego (EE.UU.), Nora Vargas, renunció a su cargo de forma abrupta, en el marco de la aprobación por parte de esa entidad, la mayor del gobierno del condado, de medidas a favor de los inmigrantes a pocos días de la investidura del presidente electo, Donald Trump.
Vargas, la primera presidenta mujer y latina del Consejo, señaló que dimitía por razones de "seguridad personal", sin ofrecer detalles y a una semana del comienzo de su segundo mandato tras ganar en noviembre la reelección por otros cuatro años, a partir del próximo 6 de enero y hasta finales de 2028.
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El pasado 12 de diciembre el Consejo de Supervisores aprobó por mayoría un fondo de 2 millones de dólares para apoyar a los migrantes que transiten por el condado fronterizo rumbo a otros destinos, así como una nueva medida que prohíbe usar recursos, personal o tiempo de empleados del condado para colaborar con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Aunque los supervisores no lo mencionaron, la medida, que creó polémica en el condado, va contra los intereses del presidente electo de realizar deportaciones masivas en su segundo mandato.
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Apenas unos días después de esa decisión del Consejo de Supervisores, la jefa de la Oficina del Alguacil en el condado, Kelly Martínez, declaró que su responsabilidad es distinta.
Martínez argumentó que su trabajo es independiente y su prioridad la seguridad de todos en el condado.
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Después el jefe de asesores del presidente entrante, Stephen Miller, envió cartas de la firma de abogados America First Legal al condado de San Diego y otros gobiernos que defiendan a los migrantes para advertirles que podrían enfrentar demandas legales.
Unos días después, Tom Homan, el nominado zar para la frontera con México del presidente electo, Donald Trump, quien tendrá a su cargo las deportaciones, dijo que el Departamento de Justicia procederá legalmente al referirse a la medida aprobada en San Diego.
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Unos días más tarde, Vargas, la única persona miembro de minoría étnica que ha ocupado el cargo de presidenta del Consejo de Supervisores, anunció abruptamente su renuncia antes de iniciar el segundo periodo.
Mientras tanto, otra latina, Paloma Aguirre, la actual alcaldesa de Imperial Beach, en la frontera con México, anunció que aspira a ocupar el cargo vacante.
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Aguirre manifestó su intención de contender por el Distrito 1 del Consejo de Supervisores que dejará Vargas, que incluye esa ciudad y San Ysidro, en la frontera con México, como también buena parte de Chula Vista, la segunda mayor ciudad en el condado de San Diego. EFE
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