Seúl, 18 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional surcoreano ha ordenado al presidente Yoon Suk-yeol presentar el decreto de ley marcial que promulgó el 3 de diciembre, así como las actas de las reuniones que el Gabinete celebró antes y después de decretarse la polémica medida.
El portavoz del tribunal, Lee Jin, dijo hoy miércoles a los medios que la orden se envió electrónicamente el martes y que también se ha pedido a Yoon que presente los planteamientos de su defensa legal y una lista de pruebas.
Las reuniones del Gabinete en cuestión han sido fuente de controversia, ya que supuestamente se vulneraron los procedimientos debidos y el propio Ministerio del Interior dijo en su momento que no existían actas de dichas reuniones.
Al mismo tiempo, el tribunal ha pedido a la principal formación de la oposición, el liberal Partido Democrático (PD), materiales para documentar cómo va a respaldar la destitución de Yoon, así como las evidencias para probarlo.
El PD representa a la Asamblea Nacional (Parlamento) en el caso ante el Constitucional, puesto que fue la principal fuerza detrás de la moción que se presentó para cesar al presidente.
Dicha moción fue aprobada el sábado y Yoon quedó momentáneamente destituido y cesado de sus funciones y su futuro depende ahora de lo que decida el Constitucional.
El máximo órgano judicial surcoreano tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto
A su vez, Yoon, al que se ha prohibido salir del país, y otros miembros de su Gabinete y altos cargos militares y policiales están siendo investigados por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección en relación a la declaración de la ley marcial.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
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