La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por haber aplicado de forma incorrecta tres directivas europeas sobre contratación pública, que exigen a los Estados miembro que sigan procedimientos imparciales y transparentes.
Los países de la UE debían transponer estas normas a su legislación nacional antes del 18 de abril de 2016, pero tras la notificación tardía por parte de España de la transposición de las tres directivas, la Comisión decidió abrir expediente a España en diciembre de 2021, seguida de un ultimátum de dos meses en abril de 2024.
Sin embargo, y pese a estos avisos, hasta la fecha, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para hacerla compatible con todas las obligaciones derivadas de las normativas europeas sobre contratación pública.
Al respecto, la Comisión ha señalado en un comunicado que "la legislación española se aparta notablemente de las normas de la UE, sobre todo, en lo que respecta a los tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos que deben seguir las normas de contratación pública".
El Ejecutivo comunitario considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido "insuficientes", por lo que, finalmente, ha decidido llevar a España ante el TJUE.
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