Lima, 28 nov (EFE).- La empresa constructora Obrainsa pagará 82 millones de soles (21,8 millones de dólares) al Estado peruano en concepto de reparación civil, luego de que el Poder Judicial aprobará un acuerdo de colaboración eficaz en la investigación de casos de corrupción, informaron este jueves fuentes oficiales.
La Procuraduría General, ente que representa jurídicamente la defensa del Estado, señaló en un comunicado que el acuerdo fue suscrito entre el Equipo Especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso y la empresa Obras de Ingeniería S.A.C. (Obrainsa).
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Detalló que el juez Ubaldo Callo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el pasado 15 de noviembre el convenio con la justicia peruana.
Mediante el acuerdo, la empresa constructora y dos de sus ejecutivos reconocen su culpabilidad en delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura realizados en el país y ofrecen otorgar información para los procesos penales en curso.
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La empresa también reconoció que integró el denominado 'Club de la construcción' para participar junto a otras empresas en concursos y licitaciones públicas para dar la apariencia de competencia.
La Procuraduría señaló que la sentencia judicial ordena que Obrainsa deberá pagar la reparación civil, a la que se deberán sumar los intereses legales, en un plazo de 12 años.
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El convenio también establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago y una cláusula que prohíbe a la empresa iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano por los proyectos comprendidos.
"Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en el marco del megaproceso Lava Jato", comentó al respecto la procuradora para este caso, Silvana Carrión.
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La funcionaria agregó que el Estado peruano "empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Club de la construcción', que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala".
El empresario Elard Paul Tejada, quien fue gerente de Obrainsa, declaró el pasado 11 de noviembre ante un tribunal que pagó un millón de soles en sobornos (unos 265.250 dólares) a Vizcarra para obtener la licitación de un proyecto de irrigación cuando este era gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014.
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Tejada señaló ante el Cuarto Juzgado Penal Nacional que pactó con Vizcarra el supuesto soborno a cambio de obtener "información privilegiada" para ganar la licitación y que el "pago indebido era el 2 %" del costo de la obra" del proyecto 'Lomas de Ilo'.
Obrainsa ganó esta licitación, junto son su socia italiana Astaldi, en noviembre de 2013, después de un concurso convocado a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que evaluó a los postores y dio recomendaciones, aunque la decisión final correspondió al entonces gobernador.
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El pasado 28 de octubre, la Fiscalía de Perú oficializó una petición para que Vizcarra, quien niega las acusaciones, sea condenado a 15 años de prisión por los presuntos sobornos solicitados como gobernador regional.
Vizcarra es enjuiciado por el proyecto de irrigación y por el concurso para la ampliación del hospital de Moquegua, por los que presuntamente recibió unos 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares o 565.000 euros) en sobornos, según la acusación. EFE
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