Gobierno de Milei imputa a 95 empresas de servicios públicos por cobrar tasas municipales

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Buenos Aires, 11 nov (EFE).- La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de Argentina imputó a 95 empresas de servicios públicos por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos a los bienes y servicios que contrató el consumidor, según informó este lunes en un comunicado.

Las imputaciones corresponden a las facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre pasado, cuando entró en vigencia una resolución que apuntó a prohibir la inclusión de tasas municipales e impuestos provinciales.

La decisión de la Secretaría de Industria y Comercio surge como respuesta a las reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales.

La prohibición, que se complementa con las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), abarca a las empresas de servicios públicos de todo el país y a quienes comercializan bienes, las cuales solo podrán incluir en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio.

La secretaría abrió 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma, en base al ingreso de 2.705 reclamos.

Según informó la Secretaría de Industria y Comercio, se imputaron empresas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Entre las 95 empresas imputadas se encuentran las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, Edenor, Edesur (de la italiana Enel), Energía San Juan (del español Grupo Naturgy), Gasnor (Naturgy), Natrugy Ban y Metrogas (de la estatal YPF).

A partir de recibir la notificación, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo, tras lo cual, la Secretaría de Industria y Comercio sancionará a las empresas que no cumplieron la norma, con multas de hasta 2.130 millones de pesos (2,13 millones de dólares). EFE

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