Los ministros de Exteriores de siete países, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Canadá, han pedido al unísono al Parlamento israelí que no apruebe el proyecto de ley para suspender las actividades en el país de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA).
La Knesset tiene previsto reunirse mañana para aprobar, casi con toda seguridad, una normativa cuyo objetivo "es abolir los privilegios e inmunidades" de la UNRWA, "impidiendo cualquier contacto con funcionarios israelíes y la prohibición de su presencia dentro de los territorios ocupados", entienden los firmantes.
Por ello, los ministros instan a a "preservar los privilegios e inmunidades de la UNRWA para cumplir con su responsabilidad de facilitar el suministro completo, rápido, seguro y sin obstáculos de ayuda humanitaria".
El proyecto de ley, impulsado por los diputados Yulia Malinovsky, Dan Illouz y Boaz Bismuth -- la primera de Yisrael Beytenu y los otros dos del principal partido de la coalición ultraderechista de Gobierno en Israel, el Likud -- impediría efectivamente que la organización opere en territorio israelí al revocar un texto de 1967 que sirvió de base para sus actividades.
La coalición de Gobierno cuenta con 68 escaños en la cámara y espera aprobar la ley sin sobresaltos dado que varios diputados de la oposición han declarado su beneplácito con esta normativa.
Hace unas semanas, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también solicitó al Parlamento israelí que anulara el procedimiento y recordó a Israel el fenómeno sin precedentes que supondría la prohibición de las actividades locales de una agencia de la ONU por parte de un estado miembro.
Israel, por contra, aduce desde hace años que la UNRWA es una agencia inoperante y, desde el estallido de la guerra de Gaza, cómplice de las milicias palestinas de Hamás en sus ataques al país. La propia Malinovsky denunció, durante la presentación del proyecto de ley, que la agencia "no debería ni existir" e incluso acompañó su propuesta de una solicitud para declarar a la UNRWA como una organización terrorista, finalmente desestimada.
Israel acusó el pasado marzo a "un número significativo" de trabajadores de la UNRWA de "ser miembros de organizaciones terroristas", lo que llevó a 16 países a suspender o congelar los fondos, privando de golpe a este organismo de 450 millones de dólares y poniendo en duda la continuidad de sus operaciones.
Sin embargo, a mediados de abril, la investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna descartó que las autoridades israelíes proporcionaran pruebas que acreditasen los presuntos vínculos terroristas atribuidos a varios de los empleados de la UNRWA.
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