San José, 30 ago (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó este viernes a ocho funcionarios públicos por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado.
Los ocho acusados están vinculados a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador, asesinado en 1976 por la dictadura somocista, y exsecretario adjunto de Relaciones Internacionales del partido gobernante, quien, según el portal nicaragüense Confidencial, también está recluido, aunque no fue acusado penalmente.
En una declaración, la Fiscalía explicó que durante la audiencia de presentación de la acusación aportaron los elementos de prueba suficientes e idóneos para que el judicial admitiera la acusación y convocara a la audiencia inicial el 11 de septiembre próximo.
También que, en atención a la gravedad de los ilícitos cometidos contra el erario público, solicitaron al judicial que ordenara la prisión preventiva de todos los coacusados, la que les fue concedida.
Las evidencias probatorias recopiladas revelaron que los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario público destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural, de acuerdo con la acusación.
Para concretar sus propósitos, los coacusados idearon un entramado delictivo en el que cada uno, de acuerdo a las funciones que ejercían, recurrieron a información confidencial de los solicitantes de créditos para hacer creer a éstos que les estarían financiando su empredurismo, cuando en realidad, los desembolsos eran para familiares y amigos cercanos de estos coacusados, según la Fiscalía.
El Ministerio Público indicó que la investigación continúa abierta y que no descartan otros involucrados.
Los acusados son Gustavo Antonio Zapata, Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez Roque, José Antonio Bermúdez Sobalvarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez, y Rigoberto José Ramos.
La plataforma Confidencial, que dirige el periodista desnacionalizado Carlos Fernando Chamorro, informó desde el 2 de agosto pasado sobre la detención de los ocho acusados y de Fonseca Terán, que 28 días después hace público la Fiscalía.
Según la versión de Confidencial, los detenidos, todos militantes sandinistas, integraban un grupo en WhatsApp denominado ´La Comuna´ en la que criticaban al Gobierno que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo, y por ello fueron detenidos en una redada policial el pasado 26 de julio, incluido el hijo del fundador del FSLN, quien administraba el grupo.
Los acusados trabajaban en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), principalmente. EFE
mg/fa/jrh
Últimas Noticias
El ente electoral de Honduras denuncia un parón en el escrutinio por parte de la empresa responsable
La suspensión intempestiva del sistema digital encargado de difundir datos electorales provocó incertidumbre, tensó el clima político y desató reclamos por mayor claridad y vigilancia, mientras persisten dudas sobre la legitimidad y apertura de la fase final del proceso
Maduro confirma una conversación telefónica "cordial" con Trump
Caracas impulsa una invitación a Washington para abrir negociaciones formales tras recientes maniobras militares de Estados Unidos, en medio de señales de alarma sobre el riesgo de escalada bélica y el deterioro de la situación regional según CNN
Chile acelera soluciones de almacenamiento frente al desperdicio de energía solar
Mapa de Indiana aprobado favorece al partido de Trump de cara a los comicios 2026
Reino Unido, "dispuesto a investigar" las denuncias de violaciones y otros delitos de sus tropas en Kenia
El Parlamento de Kenia impulsa la extradición de un militar británico señalado por asesinato y propone crear una fuerza especial ante décadas de abusos atribuidos a soldados extranjeros, mientras Londres expresa disposición a colaborar si existen pruebas concretas
