Tokio, 19 jun (EFE).- El Parlamento japonés aprobó este miércoles una ley que permite a los empleadores en instituciones que trabajan con menores revisar los antecedentes penales sexuales de los últimos 20 años de los solicitantes de empleo, en un intento por impedir que agresores trabajen con niños, tras varios casos recientes.
Está previsto que la nueva normativa, promulgada por unanimidad, entre en vigor a partir de 2026, y es el resultado de presiones por parte de grupos de apoyo a padres y niños ante casos de abusos sexuales en guarderías y escuelas que salieron a la luz en los últimos años en Japón.
El nuevo sistema permitirá a colegios, centros de cuidado de día y jardines de infancia consultar con el Ministerio de Justicia, a través de la Agencia para la Infancia y la Familia, el historial de antecedentes penales sexuales de los solicitantes, según detalles recogidos por la agencia local de noticias Kyodo.
Si se confirma que el solicitante de la plaza fue condenado a una pena de prisión por un delito sexual en los últimos 20 años o a una multa en los últimos 10, se notificará al individuo y se le dará la opción de rechazar la oferta de trabajo.
Si, por el contrario, el aspirante decide no rechazar la oferta, la agencia informará al posible empleador sobre el resultado de la verificación de antecedentes, que incluyen relaciones sexuales o grabaciones no consentidas, o violaciones de ordenanzas municipales tales como manoseos y voyerismo.
Más allá de los candidatos, los empleadores deberán también tomar medidas con los trabajadores ya contratados, aunque estos no cuenten con antecedentes penales sexuales, si existen denuncias de padres o niños que sugieran que podría llegar a cometer un delito sexual.
Profesores particulares y otros autónomos como niñeras están exentos de participar en el sistema, aunque el Ejecutivo japonés está pidiendo que éste incluya en el futuro a personas que trabajan por cuenta propia y añada "delitos sexuales específicos" como el robo de ropa interior, aportó la cadena pública NHK.
La ley es conocida como "la DBS japonesa", en referencia al sistema británico 'Disclosure and Barring Service', que pretende ayudar a los empleadores a llevar a cabo procesos de selección más seguros para los menores.
"La violencia sexual contra los niños tiene efectos físicos y mentales graves que duran toda la vida y de los que no se pueden recuperar, y no se debe permitir que ocurran", dijo el portavoz del Gobierno, Yoshimasa Hayashi, en rueda de prensa, recogió NHK. EFE
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