San José, 11 jun (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron este martes su preocupación por la "grave situación" de al menos 128 opositores y críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega que se encuentran privados "arbitrariamente de la libertad en Nicaragua", e instaron a garantizar sus vidas e integridad.
En una declaración, ambos organismos demandaron al Estado nicaragüense a liberar de manera inmediata a los opositores nicaragüenses encarcelados, quienes, de acuerdo a información que recibió el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, se encuentran en "deplorables condiciones de detención".
Según la CIDH y la RELE, los denominados presos políticos de Nicaragua sufren de la insalubridad en las celdas, falta de acceso al agua potable, alimentación insuficiente e insalubre, falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos.
Además, persisten denuncias de tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes contra las que son identificadas como "presas políticas", señalaron.
"Este contexto y el prolongamiento de la detención está causando el deterioro severo de la salud física y mental de las personas detenidas, especialmente de las personas adultas mayores, así como de aquellas con enfermedades crónicas o preexistentes a la prisión, colocando en grave riesgo su vida e integridad física", advirtieron.
En la cárcel de mujeres La Esperanza, las condiciones serían aún más severas debido a denuncias sobre aislamiento prolongado, intimidación, agresión, amenazas y constantes interrogatorios por parte de autoridades penitenciarias, así como la falta de acceso a insumos de salud, higiene y aseo diferenciadas, de acuerdo con el informe de la CIDH y la RELE.
Mencionaron el caso de Fátima Mejía Ruiz, de quien aseguraron no recibió atención en salud pos natal tras haber dado a luz previamente a su detención.
Asimismo, denunciaron que persiste un patrón de restricciones arbitrarias para la autorización de visitas y la entrega de paquetería, alimentación y agua potable que mantiene en zozobra e incertidumbre a sus familias.
En ese sentido, mencionaron los casos de Jaime Navarrete Blandón, detenido en 2019, así como las personas integrantes de la iglesia evangélica Puerta de la Montaña, detenidas en diciembre de 2023, de quienes se desconoce su condición de salud.
Por otro lado, la CIDH y la RELE expresaron su preocupación por la ausencia de información oficial sobre los paraderos del catedrático Freddy Quezada, Carlos Bojorge y el exdiputado indígena Brooklyn Rivera desde sus detenciones, lo que podrían constituir desapariciones forzadas a la luz del derecho internacional.
Ambos organismos urgieron al Estado a brindar información sobre su situación y a garantizar el derecho a la vida en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la CIDH y la Corte IDH.
Además, aseguraron que persisten afectaciones al acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa, en un contexto de completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente y el quebrantamiento del principio de separación de poderes.
La CIDH y la RELE demandaron al Estado la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis en 2018.
Asimismo, instaron a cesar la persecución judicial y represión contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".
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