Argel, 3 may (EFE).- Argelia bajó tres puestos hasta situarse en el 139 de un total de 180 países de la clasificación mundial de libertad de prensa ante un periodismo independiente "amenazado de desaparición" y que hace que el panorama mediático "nunca haya estado tan deteriorado", declaró a EFE el portavoz de la región del norte de África de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Khaled Drareni.
El motivo principal de esta caída de posición se debe a la encarcelación del veterano periodista Ihsane el Kadi, detenido desde finales de 2022 y condenado a siete años de prisión por recibir financiación exterior y por "actos contra la seguridad del Estado".
"La única opción para que sea puesto en libertad es una gracia presidencial por lo que le hemos enviado una carta al presidente de la República Abdelmadjid", apuntó Drareni durante la presentación del informe anual en la capital tunecina.
"Las líneas rojas de la prensa son la simple mención de la corrupción o la represión de manifestaciones, lo que puede provocar amenazas e interrogatorios policiales, mientras los medios independientes están bajo presión, los periodistas son a menudo encarcelados y procesados y varios sitios web están bloqueados", subrayó la ONG.
Las amenazas e intimidaciones han aumentado y no existe ningún mecanismo de protección por lo que los periodistas críticos con las autoridades pueden enfrentarse a detenciones arbitrarias, vigilancia y escuchas telefónicas. Además, aquellos que apoyan abiertamente el Hirak, movimiento de protestas populares lanzado en febrero de 2019, son objeto de amenazas y campañas de odio en las redes sociales por parte de cuentas anónimas progubernamentales.
El clima político es tenso, especialmente tras la elección del mandatario a finales de 2019, y los medios y profesionales han estado bajo presión constante por parte de la Presidencia, pero también de partidos políticos, fuerzas de seguridad y funcionarios locales. A estas presiones se suma la influencia directa que ejerce el Gobierno en la contratación y despido de directivos de medios y agencias reguladoras del país.
Al mismo tiempo, el marco legislativo es cada vez más restrictivo y, aunque el artículo 54 de la Constitución garantiza la libertad de prensa, también condiciona la difusión de información y opiniones al respeto de "las características y valores religiosos, morales y culturales de la nación".
Tras enmendar el Código Penal en 2020, la difusión de "noticias falsas" y "discursos de odio" destinados a dañar la "seguridad y el orden nacional" prevé penas de entre uno y tres años de prisión y este texto es utilizado para procesar y condenar a periodistas, dando lugar a una censura y autocensura generalizadas.
En 2023, las autoridades adoptaron una ley de medios que introdujo nuevas restricciones y sanciones al prohibir cualquier financiación extranjera directa o indirecta además de asistencia material bajo pena de importantes multas económicas.
Que la posición de un país avance no significa que su situación sea positiva, se trata de un análisis comparativo por lo que es primordial tener en cuenta la puntuación individual- con indicadores político, económico, legislativo, social y de seguridad- y su evolución, insistió la ONG durante la presentación de su informe. EFE
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