Ciudad de Panamá, 1 may (EFE).- El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), tras multitudinarias protestas, supuso un duro golpe a la economía panameña, pero la mayoría de los candidatos presidenciales para las elecciones del 5 de mayo mantienen la necesidad de su clausura, tanto para respetar la decisión del Supremo como la del "pueblo".
FQM representaba el 4,8 % del producto interno bruto (PIB) y el 75 % de las exportaciones de Panamá, además de proporcionar 40.000 empleos directos e indirectos en todo el país y contaba con más de 7.300 colaboradores, pero pese a estas cifras los aspirantes a la presidencia tienen claro que de ganar las elecciones deberán enfrentar el proceso del cierre de la mina, pues, como muchos de ellos alegan, "el pueblo ya habló".
Esas manifestaciones del pasado noviembre, las más intensas de las últimas décadas, culminaron con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar "inconstitucional" el contrato que otorgaba la concesión minera a FQM, por lo que la crucial aportación económica quedó en un segundo plano.
Los líderes de las protestas, que lograron movilizar a centenares de personas durante más de un mes, animan a votar pensando en el medio ambiente.
"En octubre y noviembre de 2023 dijimos alto y claro que NO SOMOS UN PAÍS MINERO. Las elecciones del próximo 5 de mayo son decisivas para el futuro de Panamá y su población. De nuestro voto depende que el país no sea entregado a los intereses mineros", escribió en X el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, uno de los más fuertes durante las protestas.
Rómulo Roux, candidato por el partido Cambio Democrático y vinculado con uno de los bufetes de abogados involucrado en la firma del primer contrato de la concesión minera, aseguró en una entrevista a EFE que su postura es clara y "la mina se va" porque "ya hay un fallo de la Corte y el pueblo habló".
"Hay que cerrarla de forma ordenada y que no le cueste nada al país. Cerrarla siempre cuidando el medio ambiente", agregó.
Los candidatos a la Presidencia están dispuestos a cerrar la mina con un plan amigable al medio ambiente, algo para lo que el actual Gobierno ya ha dado los primeros pasos, aunque advirtió que se tardará hasta 10 años con un coste de entre 800 y 1.000 millones de dólares.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió el pasado marzo que las proyecciones de crecimiento del PIB de Panamá disminuyeron al 2,5 % en 2024, muy por debajo del 7,5 % en 2023, "como resultado del cierre de la mina (...) antes de mejorar gradualmente en el mediano plazo".
Solo uno de los ochos candidatos, el independiente Melitón Arrocha -que solicitó por sorpresa el lunes en su cierre de campaña el voto para el adversario Martín Torrijos- se atrevió a decir que está dispuesto a impulsar los activos estratégicos de Panamá, incluida la mina.
Arrocha está convencido de que el tema minero fue el detonante de una cuasi explosión social contra todos los problemas del país, "que la mayoría de la gente piensa que hay que generar riqueza" y que eso lo puede hacer la mina, que llegó a representar casi el 5 % del PIB, por lo que su "posición es reabrir esa explotación".
Una posición que contrasta con la de Torrijos, uno de los favoritos según las cuentas, que opina que "fue una decisión de los panameños de no haber minería y lo que tenemos que hacer es respetarlo".
Torrijos promete una serie de proyectos que impulsen la economía sin que sea necesario reactivar la mina, y se muestra claro al afirmar que hay que "establecer los mecanismos para garantizar un cierre ordenado y sin peligros ambientales", según dijo en una entrevista a EFE.
Ricardo Lombana, otro de los favoritos en estas elecciones, es más rotundo: "Cero minería metálica a cielo abierto", aclaró en una entrevista a EFE. Además prometió elevar al "rango constitucional la prohibición de la minería metálica a cielo abierto" para enfocarse en desarrollar, dijo, el turismo ecológico.
Ana de León
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