Nueva York, 11 ene (EFE).- Una jueza estadounidense autorizó este jueves los embargos de activos en el extranjero de Argentina para satisfacer la indemnización de 16.000 millones de dólares a la que fue condenada por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF a Repsol, y acusó al Estado de "evitar" pagar el monto.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska de Nueva York falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park tras un litigio de más de ocho años contra el Estado argentino por los daños que la expropiación de YPF causó a inversores minoritarios, y obligó a Buenos Aires a pagar el mayor monto posible.
Preska rechazó hoy el último intento de Argentina de retrasar la entrega de una garantía para evitar embargos, cuyo plazo vencía ayer, y arremetió contra el Estado argentino por "retrasar y esquivar sus obligaciones con el fallo" pese a los "favores" del tribunal, que dijo comprender los problemas económicos del país.
El pasado lunes, los abogados argentinos argumentaron que Burford y Eton no han identificado ningún activo para embargar en Estados Unidos y por eso no tenía sentido hacer cumplir la fecha de vencimiento, a lo que la jueza respondió que la autorización se refiere a "cuándo" pueden embargar, independientemente del "qué".
Preska criticó que desde el fallo de septiembre, Argentina ha apelado la sentencia, ha entregado una moción para suspender la ejecución de la indemnización, que le imponía la entrega de una garantía, y después ha pedido ampliar plazos, pero no ha hecho esfuerzos para cumplir con las condiciones que le ponía el tribunal.
Argentina "ha demostrado una intención aparente de aprovecharse de la práctica de las mociones y la transición de las administraciones para esquivar sus obligaciones con el fallo final, y no hay evidencias de ningún intento de pagar", opinó la magistrada en su orden de hoy, que autoriza los embargos.
Los abogados de Burford hicieron alusión en una carta reciente a Preska del "proceso arduo y agotador" de cobrar la indemnización embargando activos argentinos si el Estado no depositaba su garantía a tiempo.
En 2012, Argentina compró el 51 % de las acciones de YPF a la española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados.
El juicio por la estatización de YPF comenzó en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que era inversor en la petrolera.
Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías creadas por los dueños de aquel holding, para poder presentar la demanda en Nueva York; y a esta se sumó Eton Park.
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