El Tribunal Constitucional de Perú ordena poner en libertad a Alberto Fujimori

Lima, 5 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.

"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", reza un auto del TC.

La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso".

El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.

El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.

"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", declaró Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.

En ese sentido, la resolución emitida este martes por el TC también llamó "severamente la atención" al juez de Ica y lo exhortó a "poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus".

El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.

El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

Por su parte, la CorteIDH pidió al Gobierno peruano que le remita un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado.

Al respecto, el TC se manifestó en su resolución de este martes "sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia".

Tras señalar que "resulta inobjetable" que "existe una obligación del Estado de cumplir" con las decisiones emitidas por la CorteIDH, consideró que esta debe someter cualquier incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) "los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos".

Según el análisis de los magistrados firmantes, por ese motivo "queda fuera de su competencia (de la CorteIDH), ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional".

"En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022", remarcó.

Lima, 5 dic (EFE).- La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori generó este martes el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado a 25 años de prisión, organismos defensores de los derechos humanos y legisladoras de izquierda.

"Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente", expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los diez estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.

La representante de los deudos de este sonado caso agregó, en su cuenta de X (antes Twitter), que "el indulto de 2017 fue negociado" y calificó el fallo del TC como una "inaceptable decisión" y lo acompañó de la etiqueta "#FujimoriCulpable".

La desaparición de los estudiantes y un profesor de La Cantuta y la matanza de 15 personas en Barrios Altos en 1991, son los dos casos de abusos a los derechos humanos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.

La organización feminista Manuela Ramos expresó, en la misma red social, su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori, "una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas".

"Toda nuestra solidaridad para ellas. #FujimoriNuncaMás", agregó la entidad civil.

Por su parte, la asesora principal de WOLA (Washington Office on Latin America), Jo Marie Burt, recordó que desde esta organización han expresado "claramente nuestra oposición a la liberación de Alberto Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)".

"De liberarlo, el Estado del Peru incumpliría con sus obligaciones internacionales de manera flagrante", remarcó.

A su turno, la legisladora izquierdista Ruth Luque indicó, en X, que los magistrados del TC que firmaron la liberación de Fujimori (Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez) fueron designados en esos cargos por la mayoría fujimorista en el Congreso y que ahora "les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori".

"Han decidido desacatar abiertamente las resoluciones emitidas por la CorteIDH e ignorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Está es una decisión ilegal que consolida el pacto de impunidad", expresó Luque.

En tanto, la congresista Sigrid Bazán declaró que el fallo del TC "viola la resolución de la Corte IDH e insulta la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista".

El "INPE (Instituto Nacional Penitenciario) NO debe acatar esta orden", subrayó.

Sin embargo, la parlamentaria de la alianza fujirmorista Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, afirmó que "la humanidad no tiene apellido", en un mensaje compartido en la red social X.

"Libertad para el presidente Fujimori y que la historia se encargue de regalarle el lugar que se merece. Bendiciones a él y a las autoridades que ejercen con objetividad", apuntó Barbarán.

"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", reza un auto del TC.

La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró "fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso".

El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.

Lima, 5 dic (EFE).- Desde que irrumpió en la política en 1990, el expresidente Alberto Fujimori dividió a la sociedad de Perú entre los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.

Fujimori, de 85 años y cuya liberación ha sido ordenada este martes por el Tribunal Constitucional en desafío de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por dos matanzas cometidas en Lima por el grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" que dio en abril de 1992.

El exmandatario, apodado "Chino" por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000.

En la primera ocasión venció como candidato antiestablecimiento al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

En 1994, se divorció de Susana Higuchi tras un conflicto familiar que incluyó la denuncia de su esposa ante el Congreso de que había sido torturada por los servicios de seguridad, y llevó a su hija mayor, Keiko, a convertirse en primera dama del país, cuando solo tenía 19 años.

Higuchi falleció en diciembre del 2021 a los 71 años, de un cáncer al pulmón que padeció durante los últimos años.

Los simpatizantes de Fujimori lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por haber detenido la "hiperinflación" que heredó del primer gobierno de Alan García (1985-1990).

Sin embargo, durante su mandato también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor "en la sombra" Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una "cárcel dorada" que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

En esa prisión ha ido ganando de manera progresiva compañeros de reclusión y ahora la comparte con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.

Durante los últimos años, "el chino" fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.

En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable" y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.

En octubre del 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar.

En el plano legal, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el "caso Pativilca", en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.

En diciembre pasado otro tribunal determinó que el expresidente debía ser juzgado por la denuncia de esterilizaciones forzadas cometidas durante su régimen, por lo que se estaba a la espera de que se concrete un pedido de ampliación de su extradición de Chile.

La polémica en torno a su figura ha llegado a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que espera el inicio de un juicio por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.