Marcha en silencio por muerte de manifestantes durante una protesta antiminería en Panamá

Santiago de Veraguas (Panamá), 8 nov (EFE).- Una gran marcha silenciosa recorrió este miércoles la ciudad de Santiago de Veraguas, en el occidente de Panamá, en señal de duelo por los dos manifestantes muertos la víspera en un tiroteo cuando bloqueaban una vía para protestar en contra de un cuestionado contrato minero.

"Con la muerte de estos dos compañeros, no nos interesa si son educadores (porque) son panameños, hijos de la patria que salieron a defenderla y murieron", dijo a EFE Luis Arturo Sánchez, secretario general Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), uno de los gremios más poderosos del sector docente y que tiene su bastión en Veraguas.

El martes en un bloqueo en la vía Panamericana en el sector de Chame, unos 90 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, un panameño de 77 años de supuesto origen estadounidense discutió durante varios minutos con los manifestantes, un pequeño grupo de docentes, y disparó contra dos de ellos, según presenció EFE.

Los dos heridos fallecieron, uno en el lugar de los hechos y otro camino al hospital, mientras que el atacante fue detenido de inmediato por la Policía.

Este miércoles, en Santiago, la capital del provincia de Veraguas situada a unos 300 kilómetros de la capital panameña, y otras localidades panameñas según los gremios, miles de profesores e indígenas vestidos de negro y con banderas de Panamá recorrieron las calles en silencio en señal de luto por la tragedia del martes.

"Panamá, ahora más que nunca debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (...) la culpa no es de los cierres", agregó Sánchez, quien animó a la población a "salir a las calles" para "defender este país unido".

El líder gremial señal que "los educadores de este país, históricamente, han dado el pellejo y la vida por defender esta patria y nuestras conquistas, y no solamente en temas educativos".

Los educadores mantienen desde hace dos semanas un paro de labores que afecta a más de 800.000 alumnos, según cifras del Ministerio de Educación, que pidió, sin éxito, la reanudación de las clases desde el pasado lunes.

El rechazo al contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo y que renovó por 20 años prorrogables la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, generó la semana pasada las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá.

Desde el 23 de octubre pasado se mantienen bloqueos de vías que han provocado desabastecimiento de alimentos frescos, gas y combustibles en algunos centros urbanos pero principalmente en Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica y una de las más alejadas de la capital.

Como vía de escape a esta crisis, el Gobierno y el Parlamento aprobaron una moratoria minera, una de las exigencias de las manifestaciones, pero los diputados desistieron de derogar el polémico contrato por la vía parlamentaria, como exigen los gremios, dejando así en el futuro de ese pacto minero en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El Supremo panameño ha admitido varias demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato ley, y diversos grupos sociales le exigen que se pronuncie pronto.

Ya la Corte Suprema declaró inconstitucional, en el 2017, el anterior contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, más de 8 años después de que en 2009 se presentara un recurso en ese sentido.

Ciudad de Panamá, 8 nov (EFE).- El Episcopado de Panamá pidió este miércoles a la ciudadanía evitar que el "ensañamiento" se apodere del país, inmerso desde hace más de dos semanas en protestas contra la operación de una gran mina que han causado escasez de alimentos y combustible y están suscitando episodios de violencia, incluyendo muertos y heridos.

Al expresar su "profundo dolor" por la muerte a tiros el martes de dos manifestantes a manos de un hombre armado, que junto a muchos otros conductores permanecía atascado en un bloqueo de carretera, los obispos clamaron para que "estos episodios jamás" hagan olvidar a los ciudadanos de Panamá que esta es una nación "pacífica".

"Evitemos que el ensañamiento se posesiones de nuestro país" y que se caiga "en la tentación de la violencia", dijo el Episcopado, que pidió poner la mirada "en quienes más necesitan de nosotros y no se merecen un país inestable e inseguro".

La muerte a tiros de los dos manifestantes que formaban parte de un grupo de docentes que bloqueaba un tramo de la vía Panamericana, la principal del país y que lo comunica con Centroamérica, se suma a la de al menos otro que fue arrollado en otra vía obstruida en el occidente panameño. En ambos casos los atacantes fueron detenidos.

La Fiscalía investiga un incidente ocurrido el martes en Horconcitos, en la occidental provincia de Chiriquí, en el que un dirigente indígena que permitió el paso de vehículos por razones "humanitarias" fue agredido por otros manifestantes que se oponían a ello.

Las imágenes de la golpiza que recibió el dirigente y su madre fueron difundidas por la televisión local y también en redes, en las que se pueden ver otros episodios violentos en los bloqueos, como uno en el que un hombre que está siendo apabullado por otro con un machete logra quitarle el arma y lo corretea.

Políticos de oposición acusan al Gobierno de Laurentino Cortizo de inacción ante la crisis y por tanto de no cumplir con su deber de garantizar la seguridad de todos en Panamá. Las autoridades no han respondido a estos señalamientos.

El bloqueo de vías han provocado escasez de alimentos y combustible, especialmente en el occidente del país. La capital panameña y otras ciudades están parcialmente paralizadas debido a los problemas de movilidad, y las clases están suspendidas por una huelga docente que afecta a más de 800.000 alumnos, según las cifras oficiales.

Los empresarios rechazan los bloqueos por considerarlos un "secuestro de la población" y calculan que las pérdidas económicas están entre 70 y 90 millones de dólares diarios, en un país donde cerca del 50 % trabaja en la economía informal y depende de lo que produce cada día.

Las protestas, que la semana pasada incluyeron las manifestaciones pacíficas más grandes en décadas, son en rechazo a la renovación de la concesión a 20 años prorrogables a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que explota la mina a cielo abierto Cobre Panamá, una inversión de 10.000 millones de dólares que representa el 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, según la empresa.

El contrato que renovó la concesión es lesivo al Estado tanto económica como ecológicamente, dicen los ambientalistas y sindicatos, pero el Gobierno afirma que multiplica por 10 las ganancias al fisco así como el cuidado ambiental respecto al anterior, declarado inconstitucional por el Supremo en el 2017.