Bangkok, 2 nov (EFE).- Muchos de los menos de 23.000 tailandeses que residen actualmente en Israel, unos de los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos en el país, se encuentran atrapados entre el riesgo por el conflicto en la Franja de Gaza y las deudas que tienen que pagar en su país.
El primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, ha pedido varias veces a sus conciudadanos que vuelvan a su país y anunció el martes un incentivo económico de 50.000 bat (casi 1.400 dólares o unos 1.300 euros) a cada tailandés que decida regresar de Israel.
Las autoridades también han ofrecido préstamos blandos para animar a los tailandeses a regresar de tierras israelíes.
Hasta el momento, más de 7.280 trabajadores tailandeses, en su mayoría empleados en el sector agrícola, han regresado en 33 vuelos de evacuación, según datos del Ministerio de Exteriores tailandés, y mañana está previsto que llegue a Bangkok otro avión con evacuados.
Pese al riesgo en Israel, un gran parte de los tailandeses empleados allí dependen de sus salarios, de entre 50.000 y 70.000 bat, para afrontar las deudas en Tailandia.
Muchos trabajadores tailandeses en Israel provienen de zonas rurales donde los niveles de endeudamiento entre los agricultores son muy elevados y también deben abonar unos 70.000 bat (unos 1.950 dólares o más de 1.800 euros) para sufragar los gastos de tramitación de los empleos o incluso cifras superiores a intermediarios.
Un trabajador tailandés evacuado indicó esta semana al medio público Thai PBS que no quiere regresar a Israel porque teme por su seguridad, ya que vivió de cerca el ataque de Hamás en Israel, pero también mostró su preocupación por las deudas.
"Pedimos prestado dinero del Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas y de personas de nuestra comunidad. Para mí, las deudas todavía ascienden a unos 800.000 bat (22.000 dólares o 20.800 euros)", explicó el tailandés.
De los 30.000 tailandeses que había en Israel en el momento del ataque de la organización palestina islamista Hamás el pasado 7 de octubre, unos 5.000 vivían cerca de Gaza, que está siendo sometida a un duro ataque militar como represalia por parte de Israel.
Durante el ataque de Hamás, los tailandeses fueron uno de los grupos extranjeros más afectados, al sufrir 32 fallecidos, 19 heridos y 22 secuestrados por la organización islámica que controla Gaza.
En los últimos años, la ONG israelí Kav LaOved (Worker´s Hotline) ha denunciado que muchos trabajadores migrantes llegan a pagar entre 5.000 y 20.000 dólares en tasas ilegales a intermediarios para trabajar en Israel, aunque este problema afecta sobre todo a los cuidadores y empleados del hogar de países como Filipinas, Nepal e India.
Kav LaOved, que trabaja en favor de los trabajadores vulnerables, refugiados y emigrantes, indicó a EFE que, desde la firma de un acuerdo entre Israel y Tailandia en 2012, la cuantía que los trabajadores pagan para ir a Israel bajó a entre 1.000 y 2.000 dólares, ya que el proceso es más eficiente y no requiere intermediarios.
"Una quinta parte de la suma se paga antes del acuerdo (de trabajo). Sin embargo, no podemos seguir los pasos de cada trabajador, así que quizá hay intermediarios en Tailandia que han encontrado fisuras en el sistema", dijo Assia Ladizhinskaya, portavoz de la ONG.
El primer ministro tailandés llegó a criticar la semana pasada que algunos tailandeses estaban siendo presionados por sus jefes israelíes para quedarse en Israel, a veces a cambio de dinero, pero esto fue negado por la Embajada de Israel en Bangkok.
La delegación israelí sí reconoció en un comunicado que ha reservado una partida presupuestaria de 20 millones de shekels (4,6 millones de euros o 4,9 millones de dólares) para compensar a los trabajadores, incluidas ayudas mensuales hasta finales de año para los trabajadores extranjeros que continúen trabajando cerca de Gaza.
Tailandia empezó a enviar a miles de trabajadores temporeros a Israel tras la firma de un acuerdo en 2012 para la ocupación de puestos de trabajo en el sector agrícola.
La situación de estos trabajadores ha sido denunciada por abusos laborales y condiciones precarias de vivienda y salubridad, tal como denunció la ONG Human Rights Watch en un informe en 2015, aunque Israel lo niega.
Gaspar Ruiz - Canela
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