La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes con 81 votos a favor y diez abstenciones la reforma de un artículo de la Constitución para retirarle al Tribunal Supremo de Justicia la potestad de supervisar la administración de los registros públicos de bienes inmuebles y el mercantil. Esta modificación se produce en un momento en el que la sede del Tribunal Supremo de Justicia ha sido intervenida por la Policía, deteniendo a decenas de sus trabajadores, entre ellos su presidenta Alba Luz Ramos, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, informa el diario nicaragüense 'La Prensa'. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ha explicado que con esta derogación de la cláusula 4 del Artículo 165 de la Constitución se busca "agilizar y optimizar" la administración del Sistema de Registro Público, que pasará ahora a la Procuraduría General. Asimismo han sido modificadas las cláusulas 5 y 6. Con esta derogación de la cláusula 4 le quitan al Tribunal Supremo de Justicia la jurisdicción sobre los registros públicos al poder judicial, mientras que con las reformas de la 5 y 6 le retiran la facultad de nombrar registradores públicos y de conocer las denuncias por faltas disciplinarias contra los mismos.
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