Lima, 23 oct (EFE).- Los menores de edad de comunidades indígenas de Perú que quedaron huérfanos a raíz de la pandemia podrán acceder a una pensión otorgada por el Estado, tras corregir la inexistencia de certificaciones de defunción, entre otros temas, de acuerdo con una nueva norma promulgada, informó este lunes el Congreso.
Alrededor de diez niños y adolescentes de la comunidad de Kusu Numpatkaim, en la provincia selvática de Condorcanqui, en la región Amazonas, habían quedado excluidos de acceder a una pensión de orfandad porque no había una certificación de que sus padres habían fallecido por covid-19, debido a la inexistencia de las pruebas de diagnóstico en ese centro poblado, según indicó en su momento la Defensoría del Pueblo.
Perú sufrió la más alta tasa de mortalidad por la pandemia, con más de 220.000 muertes, y las comunidades alejadas de la Amazonia fueron afectadas por la falta de centros de salud y, en un inicio, fueron reacias a la vacunación.
En el 2021, el Gobierno peruano estimó que unos 34.000 menores habían perdido a alguno de sus padres por la pandemia, pero un estudio de la revista "The Lancet" proyectó que más de 98.000 niños habían quedado huérfanos en Perú por la covid.
Según indicó el Congreso en una nota de prensa, cientos de menores de la Amazonía rural estaban siendo discriminados a través de los requisitos consignados en la ley 31405, emitida tras la pandemia que ordenaba una pensión de orfandad para todos los niños que había quedado huérfanos a raíz de la covid-19 en el país.
Además de la certificación de la muerte por este virus, las solicitudes de los menores debían ser ingresadas en forma digital, lo cual añadía un gran obstáculo dado el limitado acceso a Internet en la Amazonia peruana.
En ese sentido, el pasado 6 de octubre se promulgó una nueva ley 31887 que garantiza la pensión de orfandad para los menores de pueblos indígenas u originarios, que asciende a 200 soles mensuales (51 dólares).
Mediante esta norma, los menores pueden presentar sus solicitudes al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) mediante un representante de su comunidad campesina, nativa o pueblo indígena originario.
El Inabif deberá incorporarlos, previa evaluación de cada caso, en el registro nominal de personas beneficiarias, privilegiando el interés superior del niño y su condición de vulnerabilidad por pertenecer a un pueblo indígena u originario.
Asimismo, la orientación para la presentación de las solicitudes debe considerar la lengua indígena u originaria hablada por los representantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios que sea predominante en la zona que se implemente, sea a través de servidores públicos bilingües o intérpretes o traductores de lenguas indígenas u originarias debidamente acreditados. EFE
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