La tercera vicepresidenta del Congreso peruano pide suspender la cuota anual para la OEA

Lima, 9 sep (EFE).- La legisladora derechista Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso peruano ha pedido a la mandataria de Perú, Dina Boluarte, suspender el pago de la cuota anual para la Organización de Estados Americanos (OEA) por presuntamente proteger a terroristas.

"Algunas oenegés con el argumento de defender los derechos humanos, lo que hacen es proteger a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático, a la tranquilidad de los ciudadanos", señaló Amuruz en un comunicado.

La parlamentaria del partido derechista Avanza País afirmó que "no es justo que el país otorgue a la OEA una cuota anual de casi un millón de dólares, cuando algunos de sus organismos", como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), "con sus arbitrarios fallos, abren la puerta para reabrir juicios e indemnizar a delincuentes terroristas que desangraron al país".

La congresista también pidió a Boluarte plantear ante la OEA que se le impida a las organizaciones no gubernamentales realizar aportes que impidan la neutralidad e imparcialidad en las decisiones que adoptan los países de la región.

"Es necesario reestructurar el sistema de votación para la elección de jueces y comisionados de estos organismos, pues algunos países que participan con su voto no respetan los derechos humanos, lo cual hace que puedan elegir a personas que son idóneas para velar y proteger a los ciudadanos", concluyó.

La semana pasada se hizo público en Perú que la CIDH aceptó el año pasado una demanda del exlíder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, porque considera que se violaron sus derechos fundamentales en el momento de ser detenido y que su reclusión en la Base Naval de El Callao violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.

Boluarte expresó "indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay y remarcó que "ni un sólo sol del erario público será para pagar a terroristas", pues "el dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos", en alusión a las pretensiones de la demanda de Polay.

El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas. EFE

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