Estudio alerta que parejas homosexuales optan por migrar de Perú por "falta de derechos"

Lima, 28 jun. Ser una familia diversa en Perú significa tener costos adicionales, especialmente en salud, lo que provoca que algunas de estas tengan que migrar del país "a fin de evitar la discriminación y la falta de derechos", afirmó un estudio sobre familias homoparentales elaborado por IPSOS y presentado en el Poder Judicial en el Día del Orgullo.

Este miércoles se celebró el V Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género que organizó el Poder Judicial a través de la Comisión de Acceso a la Justicia.

"Hemos identificado en la II Encuesta sobre Derechos Humanos que existe un 8 % de peruanos y peruanas identificadas con una orientación sexual no heterosexual, es decir casi dos millones que si quieren formar familia o tener hijos no tienen la protección que podría tener otra familia heterosexual", señaló la directora senior de proyectos de IPSOS, Lucía Wiener Ramos, en el congreso.

Según el estudio, la mayoría las familias diversas o homoparentales (conformada por dos padres o por dos madres) están compuestas por una pareja LGTBIQ+ que convive y sus hijos o hijas concebidas en una relación diversa (66 %).

Wienner Ramos añadió que existe la ausencia de protección legal en las familias homoparentales, situación que impide formar un hogar con hijos reconocidos por ambos padres o madres, así como no tener acceso a la salud o a una educación libre de discriminación.

Al respecto, la abogada de la Asociación de Familias Homoparentales del Perú, Claudia Sandoval, dijo en dicho evento que el reconocimiento en la legislación peruana es "un imperativo de igualdad" y protección de los derechos humanos, tanto para los menores concebidos en estas, como para los integrantes de la pareja entre sí.

En las ponencias se habló de que los países de la región comparten una "cultura patriarcal", que reproduce prejuicios basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género, "que es necesario deconstruir y erradicar de manera conjunta".

Se recordó que sólo siete países del continente cuentan con legislación que reconoce la identidad de género, entre ellos Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay que destaca la autopercepción del género, y la correspondiente rectificación en la documentación pública que puede incluir el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen.

En el congreso, la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, dijo que, desde 2018, el Poder Judicial impulsa estos encuentros, proponiendo normativas y adoptando políticas públicas para reconocer y reconocer los derechos de las personas LGTBQI+.

Añadió que, en agosto de 2020, la comisión a su cargo, promovió la adhesión del Poder Judicial a la actualización de las Reglas de Brasilia, que reconocen en las reglas 3, 4 y 20 a la orientación sexual e identidad de género como causales de vulnerabilidad.

En el ámbito jurisdiccional, agregó, que se han observado diversos avances e impactos en las juezas y jueces al momento de resolver las causas en que se vinculan las personas LGTBIQ+, especialmente de aquellas que abordan la identidad de género autopercibida. EFE

pbc/szg