SANTIAGO (AP) — El gobierno del presidente Gabriel Boric recurrió el miércoles a una ley que permitirá detener a pequeños camioneros que obstaculizan el libre tránsito por la principal carretera chilena.
Los transportistas cumplen una labor estratégica en un angosto país de más de 4.000 kilómetros de largo por el que transportan en torno del 95% de la carga nacional e internacional. Son más de 40.000, de los cuales unos 30.000 son pequeños o medianos. Los transportistas demandan mayor seguridad en las carreteras y rebajas en el precio del diésel.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó al anochecer que el gobierno presentó 13 querellas contra camioneros que obstruyen diversas áreas de la Ruta 5, que une el país de norte a sur. Precisó que la policía detuvo a cuatro choferes, que se presentarán otras 14 demandas y que la policía fue instruida para despejar la carretera.
La vicepresidenta Carolina Tohá -que es ministra del Interior y ejerce como vicepresidenta porque el mandatario Gabriel Boric está de visita en México- afirmó más temprano que la protesta de los pequeños camioneros “ha afectado a las personas, la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país”.
La norma invocada es la Ley de Seguridad del Estado que contempla penas contra quienes impiden la libre circulación que pueden ir desde un mínimo de 61 a 301 días de presidio y a un máximo de 302 a 540 días.
La paralización fue iniciada por transportistas del norte chileno y se ha extendido a otros puntos de la principal Ruta 5, que une al país de norte a sur. Estacionados en dos de las pistas, sólo dejan pasar a autobuses de pasajeros, vehículos menores y de emergencia, con lo que arriesgan el abastecimiento de alimentos y combustibles, entre otros muchos productos.
La Asociación Gremial de Transportistas Fuerza Norte afirmó que hay un aumento descontrolado de los robos, asaltos y saqueos y se quejó por la constante alza en los combustibles en un país que importa más del 95% del petróleo que necesita para funcionar y exige una rebaja de un 30% en el diésel.
Tohá aseveró que las demandas de los camioneros son “totalmente desproporcionadas para la realidad del país”.
El mismo día en que se inició la paralización, los grandes transportistas de carga recibieron un documento en el que el gobierno se comprometió a fijar el valor de los combustibles durante 90 días y terminar con el alza semanal actual, que sería reemplazada por alzas o bajas en torno a los cuatro centavos de dólar por litro cada 15 días. La propuesta está siendo analizada por los afiliados a los gremios.
De ser aceptada, la medida favorecería a todos quienes usan combustibles pero más a los camioneros que ahora pagan cerca de 1,4 dólares por litro pero tienen beneficios tributarios que les permiten recuperar en torno del 80% de los gravámenes.
El anuncio de usar la Ley de Seguridad del Estado fue apoyado por muchos diputados oficialistas y criticado por la oposición derechista. El socialista Leonardo Soto declaró que hay que adoptar medidas porque “necesitamos que el país funcione”.
En los ocho meses que lleva en el poder Boric ha enfrentado dos paros de camioneros. El anterior, en abril, concluyó cuando el mandatario prometió usar a los militares en el control de las rutas, lo que hacen desde mediados de mayo.
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