
A principios de mayo se levantó una valla alrededor de la Corte Suprema de Estados Unidos. El acceso a la explanada del edificio neoclásico con sus impresionantes columnas quedó bloqueado. "Puede que la valla haya sido levantada con la intención de proteger a los miembros del tribunal", escribió entonces el "Washington Post". Pero ninguna valla puede detener el terror que la Corte ha provocado a tanta gente, señaló el periódico. La valla es un símbolo de la confianza perdida, de la división. Poco tiempo después, el máximo tribunal emitió resoluciones que sacudieron los cimientos de muchas personas en el país. Por ejemplo, el fin del derecho al aborto. Pero esto podría ser solo el principio. La confianza de los ciudadanos en la institución se hunde, el llamado a un cambio es inequívocamente fuerte. Y ahora, la Corte Suprema, con su archiconservadora mayoría, tratará el derecho al voto. Se está analizando una interpretación de la Constitución estadounidense que desde hace años es impulsada por algunos activistas y contradice la lectura usual de la ley. Sus partidarios argumentan que solo las legislaturas de los estados tienen poder para decidir sobre sus leyes electorales o el diseño de distritos electorales. Según su opinión, no están sometidas a la Constitución del estado y, por lo tanto, tampoco a las decisiones de los tribunales del mismo. Esta posición se denomina "teoría de la legislación estatal independiente". Los partidarios del expresidente Donald Trump la han utilizado para intentar modificar los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2020. Si los jueces declaran la constitucionalidad de esta teoría, esto afectaría, por ejemplo, al llamado "gerrymandering", la práctica política de los partidos de manipular los límites de los distritos electorales en su propio beneficio. El partido político en el poder podría llevar esto al extremo, sin tener en cuenta las restricciones constitucionales o la revisión judicial. La situación es similar con las leyes electorales restrictivas que ya existen en muchos estados gobernados por republicanos. En muchos casos, disuaden de votar a los negros y otras minorías, grupos de población que suelen ser más proclives a votar a los demócratas. Los republicanos afirman que lo único que intentan es dificultar el fraude electoral. A los expertos preocupa ahora que la decisión de la Corte Suprema pueda tener consecuencias peligrosas para la democracia, y temen algo grave para las próximas elecciones presidenciales de 2024. En el peor escenario, los legisladores de un estado norteamericano podrían simplemente declarar ganador al candidato de su propio partido en las elecciones presidenciales. "Esto no es una disputa legal teórica: esta teoría (...) podría poner nuestra democracia patas para arriba", escribe la abogada Eliza Sweren-Becker, del Brennan Center for Justice de Nueva York. "Creo que hay buenas razones para preocuparse", dice también la abogada Susan Low Bloch, de la Universidad de Georgetown, a dpa en Washington. La Corte Suprema puede decidir por sí misma qué casos acepta tratar y cuáles no. El caso en cuestión es una demanda del estado de Carolina del Norte. Allí, la mayoría republicana del Parlamento quería rediseñar los distritos electorales. El Tribunal Supremo del estado dictaminó que la redistribución de distritos era inconstitucional. Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de la nación, que anunció poco antes de finalizar su último periodo de sesiones en junio que atendería el caso. El nuevo periodo de sesiones comienza en octubre, por lo que la decisión podría llegar en un año como máximo. En el pasado, la Corte Suprema ha rechazado reiteradamente la "teoría de la legislación estatal independiente". Pero la composición actual del máximo tribunal estadounidense es diferente, y tres jueces conservadores ya se han manifestado públicamente abiertos a esta teoría. "Este es un tribunal muy conservador. Y es evidente que no tienen miedo de anular casos precedentes", dice Bloch. Eso se vio especialmente en el último periodo de sesiones. Según una evaluación del "The New York Times", se dictaron en ella más decisiones conservadoras que en ningún otro momento desde 1931. "Creo que estamos viendo ahora todo el impacto de los tres candidatos que Trump pudo nombrar", señala Bloch. Trump nombró durante sus años como presidente a una jueza y dos jueces que son considerados ultraconservadores y religiosos. Con ello, la Corte Suprema se ha desplazado claramente hacia la derecha. Los conservadores tienen una mayoría de seis a tres y falta una fuerza de centro equilibrante. Según una encuesta reciente de Gallup, el apoyo público al máximo tribunal se encuentra en su nivel más bajo desde que comenzaron las encuestas a principios de la década de 1970. La jurista Bloch aboga a favor de una reforma. "Creo que nuestra Corte Suprema no está bien diseñada. Creo que deberíamos arreglar eso", sostiene. Según su opinión, resulta problemático, por ejemplo, que los jueces sean nombrados de por vida. Por lo tanto, dice, es pura casualidad cuántos jueces puede nombrar un presidente durante su mandato, y si siquiera tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Es realista una reforma? "Sí, soy una optimista", declara Bloch. Pero también admite que no es probable. "Es fácil diseñar una solución, pero no es fácil llevarla a la práctica", reconoce. Lo que está claro, sin embargo, es que "la muerte definitivamente no es una buena forma de irse". dpa
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