LA PAZ (AP) — El gobierno boliviano lamentó el domingo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) “no haya valorado” las pruebas de descargo que presentó tras el fallo de ese organismo que obliga a pagar a éste país una indemnización de 105 millones de dólares al banco español BBVA como compensación por demoras en la nacionalización del sistema de pensiones de Bolivia.
En un comunicado conocido el domingo el Ministerio de Economía y la Procuraduría del Estado dicen que el Estado presentó todas las pruebas de descargo pero que estás “no fueron valoradas de manera idónea” y que “coordinarán responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa” del proceso arbitral.
El CIADI, que depende del Banco Mundial, declaró que el Estado boliviano “ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Bolivia, “al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión de la demandante” y le ordena pagar por multas e intereses un total de 105 millones de dólares.
En 2009 el entonces presidente izquierdista Evo Morales nacionalizó el sistema de pensiones y creó la Gestora Publica, que no ha entrado en operaciones, obligando a las dos administradoras privadas de pensiones a iniciar un proceso de negociación y a continuar operando.
BBVA ha dicho que el aplazamiento en la entrada en funciones de la Gestora Pública le generó perjuicios al seguir prestando servicios de forma “provisional”.
El fallo de CIADI ordena también al Estado boliviano a “poner a disposición de la demandada sus acciones en Previsión BBVA. La demandada tendrá un año a partir de la fecha del laudo para aceptar la transferencia de las acciones”.
Bolivia privatizó su sistema de pensiones en los 90 y encargó la gestión de los fondos a dos compañías europeas: una de ellas es BBVA y la otra pertenece al Grupo Suizo Zurich Financial Services, que también sigue operando a la espera de la entrada en funciones de la Gestora Pública.
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