EEUU acusa a tres ingenieros de Silicon Valley de robar secretos a empresas para transferirlos a Irán

Los documentos judiciales indican que las hermanas Samaneh Ghandali y Soroor Ghandali, junto con Mohammadjavad Khosravi —marido de Samaneh—, habrían diseñado un plan para aprovechar su acceso laboral a información confidencial en importantes empresas tecnológicas. De acuerdo con la acusación, recurrieron a métodos para ocultar el alcance de su actividad, incluyendo la destrucción de archivos y el uso de declaraciones juradas falsas para eludir la supervisión corporativa. El propósito principal apuntaba a transferir secretos comerciales, entre ellos datos sobre la seguridad de procesadores y tecnologías de criptografía, a destinos no autorizados, con Irán entre los principales receptores. Según publicó la Fiscalía de los Estados Unidos, tras ser arrestados este jueves, los tres comparecieron ese mismo día por primera vez ante el Tribunal Federal de Distrito en San José, California.

El medio detalló que las imputaciones formales, presentadas por un gran jurado federal, incluyen cargos por conspiración y ejecución de robo de secretos comerciales, intento de hurto de la misma naturaleza u obstrucción a la justicia. Las autoridades estadounidenses sostienen que Samaneh y Soroor Ghandali estaban empleadas en Google antes de pasar a una tercera empresa tecnológica —identificada en la acusación como Compañía 3—, mientras que Khosravi desarrollaba su labor para otra firma distinta, denominada Compañía 2 en la documentación oficial, según reportó la Fiscalía de Estados Unidos. El registro judicial sostiene que los acusados aprovecharon sus cargos para extraer información sensible de Google y otras empresas, redirigiendo los archivos no solamente a dispositivos y cuentas personales, sino también a sistemas externos y, en última instancia, a ubicaciones internacionales prohibidas, incluyendo Irán.

La acusación agrega que los implicados adoptaron diversas estrategias para ocultar sus acciones. Entre ellas se encuentran la presentación de informes falsos a sus empleadores sobre la naturaleza y el destino de la información sustraída. Además, destruyeron archivos digitales y registros de dispositivos electrónicos, intentando eliminar pruebas del movimiento ilícito de datos fuera de las redes corporativas. Esta conducta, recogida en los documentos judiciales, complicó las tareas de indagación y llevó a la formulación de cargos por obstrucción, publicó la Fiscalía estadounidense.

Las autoridades informaron que, si resultaran condenados, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y multas de 250.000 dólares (212.210 euros) por cada cargo relacionado con conspiración, robo o intento de robo de secretos comerciales. El delito de obstrucción a la justicia está penado con hasta 20 años de cárcel y la misma cuantía económica por cada infracción, según detalló la Fiscalía de Estados Unidos.

El fiscal federal Craig H. Missakian, citado por el medio, afirmó que los tres ingenieros utilizaron su posición para obtener indebidamente secretos industriales protegidos de sus empleadores. Missakian sostuvo que este tipo de sustracción de datos confidenciales reviste particular gravedad por el carácter estratégico de las compañías y la naturaleza de la información involucrada.

El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, dijo en declaraciones recogidas por la Fiscalía estadounidense: “Las presuntas acciones descritas en esta acusación formal reflejan una traición deliberada a la confianza por parte de individuos acusados de robar secretos comerciales de las mismas empresas tecnológicas que los emplearon”. Virmani puntualizó además que los imputados recurrieron a tácticas para evadir los controles de seguridad y dificultar la identificación de los responsables. El funcionario subrayó la importancia de mantener resguardadas las innovaciones desarrolladas en Silicon Valley, y resaltó que la protección de estos elementos es una prioridad esencial tanto desde una perspectiva económica como de la seguridad nacional.

Según detalló la Fiscalía, la investigación se centró tanto en el análisis del modo en que los ingenieros tuvieron acceso a los secretos industriales como en la valoración del impacto potencial de la filtración, especialmente por los destinos internacionales de la información. La documentación judicial señala que la sensibilidad de los datos involucra áreas clave como la seguridad informática, algoritmos avanzados y métodos de cifrado empleados en tecnologías desarrolladas por Google y otras firmas tecnológicas afectadas.

Durante el proceso judicial, los fiscales argumentaron que la transferencia de información tuvo como objetivo principal beneficiar a entidades o individuos fuera del control de las empresas estadounidenses, lo que implica una amenaza directa a la competitividad del sector y a la protección de la propiedad intelectual. Las acusaciones, enmarcadas en la legislación sobre espionaje industrial y protección de secretos comerciales, buscan marcar un precedente en la vigilancia y sanción de estas prácticas, según publicó la Fiscalía de los Estados Unidos.

El caso ha acentuado el escrutinio sobre la circulación internacional de tecnología crítica desarrollada en el ecosistema de Silicon Valley. Las empresas perjudicadas continúan colaborando con las autoridades para precisar el volumen y la naturaleza exacta de la información comprometida, así como las posibles repercusiones a mediano y largo plazo. La importancia del caso radica no solo en el volumen de los datos extraídos sino también en la sofisticación de las estrategias implementadas para eludir los controles internos y la capacidad de transferir información estratégicamente sensible fuera del país, según consignó la Fiscalía estadounidense.

El seguimiento judicial continuará centrándose en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación del alcance de las responsabilidades individuales de los procesados por la transferencia ilícita de secretos comerciales a destinos no permitidos, incluyendo la República Islámica de Irán.