Guatemala volvió a designar el lunes como fiscal general a Consuelo Porras, quien horas después fue nuevamente señalada por corrupción por Estados Unidos.
El secretario estadounidense de Estado Antony Blinken denunció en una nota el "patrón de obstrucción" de Porras en investigaciones de corrupción desarrolladas durante su primer mandato como fiscal (2018-2022).
"Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos", dijo Blinken en una nota.
Tanto Porras como sus familiares directos quedaron inelegibles para ingresar a Estados Unidos. También fue sancionado su esposo.
La fiscal se encontraba desde setiembre de 2021 en una lista de "actores corruptos" elaborada por Washington y su designación para otros cuatro años fue anunciada este lunes por el presidente Alejandro Giammattei.
"Esta no ha sido una decisión sencilla tomada a la ligera", dijo el presidente.
"Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución (...) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez", agregó el gobernante.
Al asumir para el período 2022-2026, Porras dijo que trabajará "sin sesgos ni ideologías" y que fue objeto de "ataques" de "personas que buscan una justicia parcializada".
- Justicia selectiva -
Tanto el mandatario como la fiscal, coincidieron que la institución estaba cooptada por sectores que se oponen a la justicia imparcial.
"El Ministerio Público (Fiscalía) ha sufrido ataque mediáticos debido a que lamentablemente la institución se había instrumentalizado para emprender una persecución penal selectiva", aseguró Giammattei.
Asimismo, se comprometió a fortalecer la independencia y autonomía de la fiscalía con el objetivo "que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica".
Más temprano, durante el informe sobre sus primeros cuatro años (2018-2022), Porras aseguró que una prioridad de su administración "ha sido la lucha contra la corrupción".
Estados Unidos sostiene lo contrario.
"El patrón de obstrucción de Porras incluye supuestamente ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos basándose en consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción", dijo Blinken.
- Bajo sanción-
Durante su primer período Porras fue blanco de críticas de organismos de derechos humanos, sociedad civil, gremios estudiantiles, indígenas y campesinos que la acusan de favoracer los intereses de grupos de poder y del mismo presidente.
El Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores.
Para los acusados, esas detenciones son una "venganza" contra quienes lucharon contra la corrupción. La Fiscalía rechaza esas acusaciones.
Entre los aprehendidos figuran ex miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, que funcionó entre 2007 y 2019.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución el año pasado de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI y considerado como un "campeón anticorrupción" por Washington. Ahora está exiliado en Estados Unidos, tras denunciar amenazas contra su vida.
Sandoval dijo en marzo a la AFP que su separación del cargo ocurrió tras conocerse que contaba con información "de un posible soborno de empresarios" rusos al presidente Giammattei para operar un puerto sobre el Caribe.
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