Olla común, refugio en Perú para azotados por la inflación

CIUDAD DE GOSEN, Perú (AP) — Desde hace más de dos años, cuando se levanta por las mañanas, la peruana Cindy Cueto tiene una preocupación constante: “¿qué vamos a comer?”.

La mujer, de 39 años y madre de tres, vive en lo más alto de una colina desértica cerca del océano Pacífico. Cueto dirige una olla común, una organización grupal de supervivencia resurgida desde el inicio de la pandemia entre miles de peruanos pobres de las colinas más remotas de Lima donde los vecinos preparan comida una vez al día para resistir los impactos del alza del precio de alimentos, combustibles y fertilizantes a causa de la guerra de Ucrania, la inflación mundial y un gobierno ineficaz en cumplir su promesa de ayudar a los más vulnerables.

Junto a un grupo de vecinas cocinan en un pequeño cuarto de madera en cuyo techo flamea una bandera peruana rota y llena de polvo. Se esfuerzan por rastrear los precios más bajos en los mercados de alimentos que incluyen por lo general huesos de vaca, vísceras comestibles de pollo, arroz y papas. También están alertas a recibir alguna caridad de otros peruanos más afortunados.

El lunes —como otras 15 veces desde enero— no cocinaron porque los vecinos no lograron reunir dinero. Un día después, tras recolectar 16 dólares, compraron dos kilos de huesos de pollo, cinco kilos de papas y la misma cantidad de arroz para alimentar 70 bocas, sobre todo de niños y ancianos.

“No compramos carne, es muy cara, sólo nos alcanza para huesos, para hacer sopa”, dijo Cueto mientras contaba sus monedas. “Ahora la plata (dinero) se va así”, comentó y chasqueó sus dedos con rapidez.

La inflación que recorre el mundo también golpeó con dureza el bolsillo de los 33 millones de habitantes en Perú, pero sobre todo de los 10 millones de pobres que viven con tres dólares por día. La agencia estatal que mide el índice de precios al consumidor anunció hace dos semanas que la inflación de marzo fue de 1,48%, la más alta en un cuarto de siglo. El alza del precio de los combustibles, alimentos y fertilizantes sumado a la impaciencia por la ineficacia del gobierno del presidente Pedro Castillo desató en Perú violentas protestas que provocaron cinco muertos, además de pedidos para que Castillo y los legisladores del Congreso unicameral renuncien.

Pese a vivir cerca de una envasadora de gas licuado de petróleo, Cueto y sus vecinas alimentan el fuego de su cocina con restos de madera que los asociados consiguen cada 15 días gracias a la caridad de una carpintería. Decenas de vecinos de Ciudad de Gosen, consultados por The Associated Press, dijeron que los balones de gas de 10 kilos triplicaron su precio desde el inicio de la pandemia por lo que ahora la tendencia es cocinar con residuos de madera. Trinidad Espinoza, vendedora de gas local, dijo que incluso ella usaba leña. “Ni yo misma puedo pagar un balón”, comentó.

Según datos oficiales de febrero, en Perú existen al menos 3.400 ollas comunes y el 70% está en Lima. La mayoría están en colinas humildes como Ciudad de Gosen donde no hay agua, y en gran parte de la zona tampoco electricidad. Los vecinos --que invadieron las laderas de los cerros debido al histórico desinterés de las autoridades por ofrecer ofertas de vivienda-- han construido sus propias vías, sus casas, y se organizan para brindar seguridad pública y alimentación.

Las encuestadoras importantes en Perú coinciden en la alta impopularidad del presidente Castillo y el Parlamento. En abril la firma Ipsos indicó que 79% desaprueba al Congreso y 76% al mandatario. “No se preocupan por la gente, pelean todo el tiempo por sus intereses”, se quejó Enedina Avilés, de 66 años, quien vive sola a pocos pasos del local de la olla común.

Cynthia McClintock, profesora de Ciencia Política de la universidad George Washington y estudiosa de la política peruana, dijo en un blog del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University que Castillo “prioriza la lealtad y no la capacidad”, y añadió que la presidenta del Parlamento María Alva es “percibida como arrogante y grosera”.

Castillo –que tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía que serán activadas al finalizar su mandato-- ha modificado cuatro gabinetes ministeriales en nueve meses de gestión y ha nombrado en sucesivos casos a funcionarios inexpertos para dirigir sectores claves como el ministerio de Salud, Ambiente, Transporte y el cuidado de la seguridad pública.

Por su parte, el Parlamento, que intentó destituir dos veces a Castillo, hace poco deformó un proyecto de ley del Ejecutivo para reducir el impuesto al valor agregado a alimentos consumidos por los más pobres e incluyó por su cuenta a la carne de faisán, de ganso, de la gallina de Guinea, al lomo fino, a la carne importada, leche condensada, entre otros. Tras fuertes críticas el Congreso reparó el “error”. Un representante de Lima, Jorge Montoya, calificó hace poco de “saqueadores” a quienes viven en los cerros capitalinos durante un cuestionado encierro de 22 horas ordenado el 5 de abril por Castillo para supuestamente evitar desórdenes en medio de las recientes protestas.

El gobierno ha prohibido por 30 días cualquier manifestación en las carreteras que conectan el país para evitar los bloqueos que lo hicieron tambalear las semanas previas. También ha exonerado un impuesto a los combustibles, pero los transportistas se quejan de que los precios siguen elevados.

El 5 de abril, la fecha en que el gobierno ordenó encerrarse en sus casas a 10 millones de habitantes capitalinos, el transporte público se detuvo. Walter Ríos, esposo de la señora Cueto y que trabaja como guardia de seguridad en el barrio más rico de Lima, tuvo que ir a trabajar y caminó 36 kilómetros, ida y vuelta. Salió de su cabaña a las 4 de la mañana y retornó a las 8 de la noche.

Aquella noche, su esposa le preparó un recipiente con agua y sal para que colocara sus pies molidos e hinchados. “Deciden cualquier, cosa sin pensar en las consecuencias”, dijo Cueto.