Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 31 mar (Reuters) - La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia comenzaron el jueves a investigar posibles violaciones a los derechos humanos del Ejército en una operación militar en la que se reportó la muerte de 11 combatientes de las disidencias de las FARC, pero en la que según la comunidad perdieron la vida civiles inocentes.
Se trata de la más reciente acusación contra el Ejército Nacional por una supuesta violación de derechos humanos en medio del conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
El Ejército Nacional, que lidera la lucha contra las disidencias de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz de 2016, la guerrilla izquierdista del ELN y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos.
Las acusaciones incluyen las ejecuciones de unos 6.400 civiles presentados como guerrilleros muertos en combate entre los años 2002 y 2008 cuando no lo eran, según la Jurisdicción Especial para la Paz.
"Se desplazó al sitio de los hechos una comisión de fiscales especializados en derechos humanos, criminalistas, médicos forenses e investigadores que están haciendo la tarea de recolección de material probatorio y el trabajo de campo de la investigación", dijo a Reuters una portavoz de la Fiscalía General.
El Ejército informó que once disidentes de las FARC murieron el lunes en combates en una zona selvática del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en sur de Colombia, en una ofensiva para recuperar la seguridad y el control territorial de una región estratégica para el narcotráfico.
Pero habitantes de la zona aseguraron que se trató de un ataque y que entre los muertos se encuentran un líder de la comunidad, su esposa, un menor de 16 años y un dirigente indígena que no tenían vínculos con grupos armados ilegales.
El comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo, general Juan Carlos Correa, dijo a Reuters que en la operación militar, ejecutada con todos los protocolos de seguridad y de derechos humanos para capturar a un líder de las disidencias de las FARC acusado de narcotráfico, personas vestidas de civil dispararon contra las tropas y los helicópteros.
La Procuraduría General, que investiga a los funcionarios públicos y puede imponer sanciones administrativas como la destitución o suspensión de los cargos, dijo en una carta al comandante de las Fuerzas Militares que las denuncias de grupos de derechos humanos resultan altamente contradictorias con la información del Ejército y del Ministerio de Defensa.
"Resulta entonces necesario recordar que los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario", aseguró la misiva del delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Sarmiento, en la que pidió información para aclarar los hechos.
Grupos como Human Rights Watch y la oficina de derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron al Gobierno una investigación que esclarezca lo ocurrido garantizando el debido proceso y la justicia. (Reporte de Luis Jaime Acosta)
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