El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva que reforma la justicia militar para convertir la violencia sexual en el ejército en un crimen y no un delito menor, tras años de intentos fallidos del Pentágono para luchar contra este flagelo.
El objetivo de este decreto es "convertir el acoso sexual en un crimen según el código de justicia militar y fortalecer la respuesta del ejército a la violencia doméstica y la difusión o distribución injustificada de imágenes íntimas", tuiteó el presidente estadounidense.
Este decreto previsto en el presupuesto 2022 del Pentágono hace efectiva la ley "Yo soy Vanessa Guillén", que lleva el nombre de una soldado de 20 años asesinada en 2020 en una base militar estadounidense tras ser víctima de acoso sexual.
La joven soldado le había dicho a su familia que no confiaba en que sus superiores dieran seguimiento a una denuncia de acoso sexual, y sus familiares habían dudado públicamente de la determinación del ejército de investigar su desaparición, hasta que finalmente se descubrió su cuerpo descuartizado.
Una docena de oficiales fueron despedidos unos meses después.
La ley establece que las agresiones sexuales, la violencia doméstica y las agresiones a menores se juzgarán ante un consejo de guerra y la decisión de enjuiciar a los perpetradores se encomendará a fiscales especializados -que aún no se han nombrado- y ya no a la cadena de mando.
El ejército estadounidense se había resistido hasta ahora, citando la necesidad de mantener un control disciplinario dentro de las filas.
Sin embargo, como el número de agresiones sexuales no disminuye, el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, designó una comisión independiente para estudiar escenarios donde perpetradores de violencia sexual en el ejército fueran procesados de manera más efectiva.
La comisión concluyó que quitarle a la jerarquía militar la decisión de procesar o no a los perpetradores de violencia sexual era la única solución.
Además, en lugar de incurrir en simples sanciones administrativas como hasta ahora, los responsables enfrentarían de penas de prisión.
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