Lilongüe, 24 ene (EFE).- El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, disolvió hoy su Gobierno después de que diversas acusaciones de corrupción implicaran al ministro de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano, Kezzie Msukwa. "Como una demostración más de mi determinación de hacer frente a todas las formas de conducta ilícita por trabajadores públicos (...) ejerciendo los poderes que me confiere la Constitución he disuelto mi gabinete entero con efecto inmediato" dijo la noche de este lunes durante un discurso a la nación emitido en la televisión estatal. El mandatario tomó esta decisión después de que se destapara recientemente un caso de corrupción relacionado con el empresario británico de origen malauí Zuneth Sattar, acusado de sobornar a altos funcionarios del Gobierno para lograr la adjudicación de contratos públicos, y en el que se vio implicado Msukwa. Chakwera aseguró que nombrará el próximo día 26 a los miembros del nuevo Gobierno, del cual estará vetado Msukwa, que fue detenido por la Oficina Anticorrupción de Malaui a finales de diciembre pasado por acusaciones de corrupción ligadas a Sattar, aunque luego fue puesto en libertad. "Ese gabinete excluirá al actual ministro de Tierras, para permitirle responder a los cargos de corrupción a los que se enfrenta en los tribunales y limpiar allí su nombre", dijo hoy Chakwera. El presidente de Malaui llegó al poder en 2020 precisamente haciendo bandera de la lucha contra la corrupción como su principal objetivo y ya destituyó con anterioridad a dos ministros por acusaciones de corrupción o abuso de poder. Sattar, en cuyo arresto en Reino Unido el pasado mes de octubre y la investigación posterior colaboran los Gobiernos de Malaui y británico, es un hombre de negocios al frente de una amplia red de empresas que tenían trato comercial con el Ejército, la Policía y otras entidades del país africano. El Gobierno de Malaui ha vetado a todas las compañías del empresario de cualquier proceso de contratación pública y la Agencia Anticorrupción del país confiscó cerca de 90 terrenos en la capital, Lilongüe, que podrían haber sido obtenidos ilegalmente.
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