Las autoridades deberán acordar con los pobladores la reanudación de las fumigaciones antidrogas con glifosato en Colombia, según determinó la justicia en una sentencia que trunca los planes del presidente Iván Duque de reactivar las aspersiones aéreas.
La Corte Constitucional falló a favor de las comunidades campesinas, negras e indígenas que habían interpuesto recursos judiciales, ante la intención del gobierno de emplear de nuevo el polémico herbicida.
El alto tribunal ordenó a las autoridades ambientales y de policía que "adelanten un proceso de consulta previa" con los habitantes de los territorios que iban a ser fumigados.
"Es necesario que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad, y que esta manifieste a través de sus representantes autorizados su conformidad o inconformidad", reza la sentencia divulgada este miércoles.
Los jueces fijaron un plazo de un año, prorrogable hasta seis meses, para que los funcionarios lleguen a un acuerdo con las comunidades, lo que en la práctica impide que las fumigaciones puedan reactivarse bajo el gobierno de Duque, quien concluirá su mandato de cuatro años en agosto sin opción de ser reelegido.
Además, las aspersiones aéreas son rechazadas por los campesinos cocaleros y los ambientalistas, que alegan que el glifosato causa enfermedades, destruye cultivos tradicionales y contamina el agua.
Colombia, el primer proveedor mundial de cocaína, suspendió en 2015 las fumigaciones antidrogas por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que alertó sobre el posible efecto cancerígeno del herbicida.
La justicia colombiana supeditó luego su reanudación a una política oficial que minimice el impacto del glifosato.
Duque aspiraba a cumplir con las exigencias de los jueces y retomar cuanto antes las fumigaciones, pero la decisión de la Corte Constitucional echa al suelo sus intenciones.
En 2020 Colombia tenía 143.000 hectáreas de coca, la planta que sirve de materia prima para la cocaína, según el más reciente informe de la ONU.
El gobierno, que vincula el narcotráfico con el rebrote de violencia tras el proceso de paz con la guerrilla marxista de 2016, intensificó el programa de erradicación manual de narcocultivos.
Sin embargo, insistía en la necesidad de fumigar con glifosato para reducir sensiblemente el área cultivada con coca.
La ONG Human Rights Watch saludó la decisión de los jueces.
"La aspersión de coca con glifosato es una política ineficiente y una amenaza a derechos humanos básicos. Nunca debería llevarse a cabo - y mucho menos - sin consultar debidamente a las comunidades afectadas", escribió en Twiiter Juan Pappier, portavoz de la entidad.
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