Rohinya acusan a Facebook de permitir incitación a violencia

LONDRES (AP) — Refugiados rohinya demandaron a Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, por más de 150.000 millones de dólares, acusándola de no hacer nada para detener los mensajes del régimen militar de Myanmar y sus seguidores que incitaban al odio contra el grupo étnico musulmán.

Al iniciar la demanda colectiva el lunes en California, los abogados dijeron que el arribo de Facebook a Myanmar ayudó a difundir los discursos de odio, la desinformación y la incitación a la violencia que “equivalió a una causa importante, y eventualmente la perpetuación, del genocidio rohinya”.

Abogados en el Reino Unido han avisado que tienen la intención de iniciar una demanda similar. Facebook, que recientemente cambió su nombre por Meta, no respondió a un pedido de declaraciones.

Es la más reciente de una serie de acusaciones de que el gigante de las redes sociales alimentó la desinformación y la violencia política, como señalan documentos internos extractados al que tuvo acceso un consorcio de empresas noticiosas que incluye a The Associated Press.

Las demandas combinadas de los refugiados rohinya representan a cualquier persona en el mundo que sobrevivió a esa violencia o tuvo un familiar que murió de ella.

Los rohinya son un grupo étnico musulmán originario de Myanmar que debió huir de la persecución y la violencia a partir de 2017. Alrededor de 1 millón viven en campos de refugiados en la vecina Bangladesh, y unos 10.000 han llegado a Estados Unidos.

En 2018, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas que investigaron los ataques dijeron que Facebook tuvo un papel en la difusión del discurso de odio.

Más de 10.000 rohinya murieron y otros 150.000 padecieron la violencia física, según las firmas de abogados que organizan las demandas.

Las demandas dicen que los algoritmos de Facebook amplificaron el discurso de odio contra el pueblo rohinya y que la empresa no contrató suficiente personal que hablara el idioma local o conociera la situación política para verificar los hechos.