MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Irán tiene desde este martes entre su cartera de leyes una que, bajo la premisa de proteger a la familia, restringe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y limita los métodos anticonceptivos, entre otros aspectos que han suscitado recelos entre organizaciones y expertos internacionales defensores de los Derechos Humanos.
La Presidencia iraní ha informado en su página web que el mandatario, Ebrahim Rahisi, ha dado orden al Ministerio de Sanidad de comenzar a aplicar una normativa que ya había sido avalada el 1 de noviembre por el Consejo de los Guardianes y que ilegaliza la esterilización y la distribución gratuita de anticonceptivos en la sanidad pública.
La ley, que plantea una serie de beneficios para las familias con hijos, incluida una baja de maternidad de nueve meses, insta a la televisión pública, las universidades y las autoridades locales a promover mensajes en favor de la natalidad.
Sin embargo, los aspectos que más dudas generan tienen que ver con el aborto, que solo será legal en los cuatro primeros meses de gestación y si tres médicos coinciden en que está en peligro la vida de la mujer o el feto tiene graves problemas. El Ministerio de Sanidad deberá crear una comisión que plantee futuras regulaciones, previsiblemente con mayores restricciones.
Otro de los artículos contiene una vaga descripción que abre la puerta a considerar un delito de corrupción grave el aborto a gran escala, lo que podría castigarse con la pena de muerte.
Un grupo de expertos de Derechos Humanos de la ONU teme efectos "devastadores" para mujeres y niñas, en la medida en que ven en el texto "un giro alarmante y regresivo" por parte de un Gobierno que, al menos hasta ahora, había emprendido pasos positivos en materia sanitaria.
"Los datos demuestran claramente que criminalizar la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a abortos", han dicho estos expertos, que temen que aumenten los procedimientos "clandestinos o inseguros" o que prosperen embarazos no deseados, con el lastre que ello supone en materia de discriminación de género.
Estos relatores han instado al Gobierno a derogar "inmediatamente" la ley, algo que también ha reclamado Human Rights Watch (HRW). La principal investigadora para Irán de esta ONG, Sepehri Far, cree que la reforma puede acarrear un "daño duradero", con "graves riesgos para la salud y la vida de las mujeres".
"La ley perjudica de forma flagrante los derechos, la dignidad y la salid de la mitad de la población del país, a la que niega el acceso a atención e información esenciales en materia de salud reproductiva", ha lamentado.
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