El Salvador aprueba que delitos de corrupción no prescriben

SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador reformó el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar a los exfuncionarios que presuntamente los cometieron en los últimos 30 años.

La reforma -solicitada por el gobierno del presidente Nayib Bukele- fue aprobada la noche del martes con los votos de 65 de los 84 diputados del congreso unicameral. Los cuatro diputados del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el único diputado del partido Nuestro Tiempo se abstuvieron y el resto no votó.

Los diputados reformaron el artículo 32 del Código que hasta ahora establecía que, si no se había iniciado la persecución judicial, los delitos de corrupción prescribían en 10 años.

Los únicos delitos imprescriptibles eran la tortura, los actos de terrorismo, el genocidio, la violación de las leyes o costumbres de guerra, el secuestro, la desaparición forzada de personas y los delitos contra la libertad sexual de los menores.

La diputada Marcela Pineda, del oficialista Nuevas Ideas, recordó que desde 1998 El Salvador ha firmado diferentes tratados contra la corrupción pero faltaba "la voluntad de aquellos diputados dispuestos a combatir la corrupción que por años les robó las oportunidades a los salvadoreños. Eso termina ahora”.

Explicó que la reforma contempla los delitos como el enriquecimiento ilícito y el cohecho “así como todo el catálogo que le va a garantizar a cada uno de los salvadoreños que los delitos de corrupción que se hicieron en el pasado sean castigaos y perseguidos”.

Ante la critica de que lo que se busca es perseguir a los adversarios políticos, Pineda dijo que “estamos haciendo una persecución de corruptos, es decir, que en caso de que los actuales funcionarios llegasen a cometer delitos de corrupción, esta nueva ley, esta reforma, se les aplicará, porque nosotros buscamos que los salvadoreños tengan justicia”.

La diputada agregó que la reforma le da herramientas a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a otras entidades para que todos estos delitos que no fueron castigados en su momento hoy sí se puedan judicializar.