MADRID (AP) — Los votantes de Gibraltar respaldaron los cambios legislativos que aliviarán el veto al aborto vigente en el territorio británico.
Los partidarios de los cambios lanzaron vítores cuando un funcionario leyó el resultado del referéndum en la Universidad de Gibraltar a primera hora del viernes.
El “sí” ganó por mayoría, con el 62% de los votos. Según las autoridades, la participación fue del 53%, con 12.343 votantes.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo que la norma entrará en vigor en 28 días.
En la actualidad, el aborto es ilegal en Gibraltar a menos que sea necesario para salvar la vida de la madre y puede sancionarse con penas de hasta cadena perpetua. Es es una de las leyes más restrictivas de Europa.
La consulta, que se aplazó el año pasado por la pandemia del coronavirus, preguntó a los gibraltareños si estaban de acuerdo con la decisión tomada por el parlamento en 2019 para permitir excepciones a la ley por motivos de salud.
Según la nueva norma, se podría interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación si los médicos determinan que la salud física o mental de la mujer está en riesgo o si hay un “riesgo sustancial de que el feto sufra una anomalía letal”.
Gibraltar es un pequeño territorio británico ubicado en el extremo sur de España. Muchos lugareños viven al otro lado de la frontera. En España, el aborto el legal, bajo solicitud previa, hasta la semana 14.
La mayoría de los partidos políticos respaldaron el voto por el “sí”. Los responsables de las dos formaciones de la coalición de gobierno, los laboristas y el Partido Liberal, se han unido a Together Gibraltar para instar a los votantes a que respalden el cambio. El líder del principal partido de la oposición, Socialdemócratas de Gibraltar, está en contra de las modificaciones.
Alrededor del 80% de los gibraltareños son católicos, y el obispo de Gibraltar se ha pronunciado en contra de la propuesta de cambio. El Movimiento Provida del territorio alega que, en la práctica, esto equivale a autorizar el aborto bajo demanda porque la cláusula de la salud mental puede usarse de forma inadecuada.
Activistas del grupo “Gibraltar por el Sí” sostienen que las mujeres tienen derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo y que ésta debería estar cubierta por el sistema público de salud.
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