La gigantesca subasta del sistema de servicio de agua potable y alcantarillado del estado brasileño de Rio de Janeiro, convocada para el viernes, quedó este jueves en vilo tras una serie de decisiones políticas y judiciales.
La licitación, un proyecto importante para el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, prevé concesiones por 35 años para asegurar los servicios de agua potable y la evacuación de aguas servidas a casi 13 millones de personas del estado de Rio, el segundo más rico de Brasil.
Quien brinda actualmente estos servicios es la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado (Cedae), criticada por la mala calidad del agua que a menudo sale turbia, maloliente y con sabor a tierra.
La subasta, la mayor licitación del servicio de agua y alcantarillado de la historia de Brasil, estaba prevista para este viernes.
Pero la Asamblea Legislativa del Estado de Rio de Janeiro (Alerj) suspendió poco después del mediodía la convocatoria, por 35 votos contra 24, por considerar que la subasta no podía llevarse a cabo hasta que el endeudado estado termine de negociar con el gobierno federal un nuevo régimen de recuperación fiscal.
Pocas horas después, el gobernador del estado, Claudio Castro, un aliado de Bolsonaro, emitió un decreto para revertir la suspensión.
Y entonces entró en juego el Poder Judicial: el presidente del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro (TJRJ) ordenó mantener la decisión del Legislativo local de suspender la subasta.
La realización del concurso queda de esta forma en vilo, ya que un juez o un tribunal superior podrían ordenar hasta última hora que se lleve a cabo.
- Subasta histórica -
La idea de dejar en manos privadas la gestión del agua encuentra resistencias entre sindicatos y aquellos que temen que la privatización acarree un aumento de las tarifas.
La licitación ya había sido suspendida por varias decisiones judiciales, que luego fueron recurridas y anuladas.
El precio mínimo fijado por los cuatro bloques de la subasta es de 10.600 millones de reales (1.900 millones de dólares), con previsión de inversiones de 30.000 millones (5.500 millones de dólares) durante los 35 años de operaciones.
Ninguna empresa extranjera está en liza, pero uno de los consorcios cuenta con el apoyo financiero de un fondo soberano de Singapur.
El fondo de pensiones canadiense Canada Pension Plan Investment Board es dueño del 45% del grupo brasileño Igua, que forma parte de otro consorcio.
Las eventuales obras deberán enfrentar además numerosas dificultades, como la de evaluar las necesidades en áreas de favelas, muchas de ellas controladas por bandas de narcotraficantes o por milicias parapoliciales.
Para incentivar las ofertas, el banco de fomento de Brasil (BNDES) prevé financiar hasta el 55% de las inversiones en este faraónico proyecto que podría generar 45.000 puestos de trabajo.
También se trata de un proyecto importante para el gobierno de Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, con dificultades para impulsar su programa de privatizaciones y concesiones debido a la pandemia.
- Saneamiento para el 90% en 2033 -
"Esta licitación genera mucha expectativa porque es la mayor de todas (...). Es un desafío técnico, de saneamiento básico, económico, por su dimensión. Y es muy esperada porque la situación sanitaria del estado (de Rio) se deterioró mucho en los últimos años", dijo a la AFP Edison Carlos, presidente ejecutivo del Instituto Trata Brasil, que agrupa a empresas del sector.
Según este químico industrial de formación, la planta de agua de Guandu, que abastece a 6 millones de personas, está ubicada cerca de la confluencia de tres de los ríos más contaminados del estado de Rio.
"En verano, con el calor, aparecen microalgas que producen sustancias que dejan gusto y olor en el agua. Y [Guandu] no consigue eliminar esas sustancias, como la geosmina. No es tóxica, no causa problemas de salud, pero deja ese sabor de tierra", explicó.
En todo Brasil, casi 35 millones de personas carecen de acceso a agua potable y alrededor de 100 millones, casi la mitad de la población, no acceden al servicio de alcantarillado.
En junio pasado, el Congreso Nacional aprobó una ley destinada a facilitar el ingreso de grupos privados a proyectos de saneamiento y llevar este servicio esencial al 90% de los brasileños para 2033.
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