CorteIDH concluye audiencia por masacre en una aldea de Guatemala

San José, 18 feb. (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves en el cierre de una audiencia, los alegatos finales de las partes sobre la masacre realizada en 1982 por integrantes del Ejército de Guatemala en la aldea Los Josefinos y las violaciones por desapariciones y desplazamientos forzados.
El representante de las víctimas, Manuel Antonio Fernández, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, indicó en su alegatos que existe un deseo por parte de las víctimas sobrevivientes de pedir justicia por hechos que se encuentran en la impunidad.
"Muchos de los responsables han fallecido dejando a las víctimas sin poder obtener justicia. Con la sentencia de la Corte Interamericana esperamos sea condenado el Estado de Guatemala por su responsabilidad en la negación de la justicia en caso de desaparición forzada y desplazamientos forzosos. El miedo de los sobreviviente persiste y la angustia de la persecución persiste en las nuevas generaciones y el estigma de una comunidad masacrada se mantiene presente", aseveró.
El caso se relaciona con los presuntos hechos ocurridos el 29 y 30 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos del Departamento de Petén, Guatemala, en el contexto del conflicto armado interno.
Según la demanda, la mañana del 29 de abril de 1982, integrantes de la guerrilla armados habrían entrado a la Aldea de Los Josefinos, capturando y asesinando a dos sujetos por sus alegados vínculos con el Ejército.
Luego de un enfrentamiento con la guerrilla, presuntamente el Ejército de Guatemala habría sitiado la aldea, no dejando salir a sus habitantes, y pasada la media noche del 30 de abril de 1982, la invadieron.
El argumento indica que al ingresar, miembros del Ejército dieron muerte al menos a cinco patrulleros que se encontraban en la calle, y luego comenzaron a quemar las viviendas, masacrando a sus habitantes, entrando a las casas para constatar si existían sobrevivientes y asesinando a quienes encontraban, incluyendo hombres, mujeres y niños.
La demanda alega que el Estado, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos, no inició ninguna investigación de oficio y que, a la fecha, los hechos continúan en impunidad y no se ha llevado a cabo una identificación de los restos exhumados, ni se han adoptado medidas dirigidas a localizar el paradero de los demás restos de las personas desaparecidas.
El representante del Estado de Guatemala, Jorge Luis Donado, actual procurador general de la Nación, argumentó en sus alegatos finales que el Estado ya había aceptado su responsabilidad y había llegado a un acuerdo amistoso con decenas de víctimas.
"El Estado reconoció en su momento la responsabilidad y generó un resarcimiento a personas que fueron debidamente identificadas (...) Se identificaron 258 víctimas, se resarcieron 251 y se realizaron otro tipo de acciones que de alguna forma, tratan, porque jamás se va a poder compensar a las víctimas. Hacemos y hemos realizado nuestro mejor esfuerzo. Dentro del acuerdo de solución amistosa asumimos obligaciones y las hemos cumplido", dijo Donado.
Además, el Estado indicó que la Corte Interamericana debe evitar pronunciarse sobre los hechos ocurridos y los supuestos efectos que perduran en el tiempo, ya que sucedieron previo a que Guatemala aceptara la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1987.
Tras el cierre de la audiencia hoy, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.