El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ratificó este jueves la decisión de una instancia inferior de no ejecutar una orden europea de detención y entrega a España contra el exconsejero catalán Lluís Puig, dijo a AFP su representante legal, el abogado Christophe Marchand.
En su decisión, la Corte dejó firme el auto de la Sala del Consejo en Bruselas adoptada en agosto pasado, de rechazar la euroorden a raíz de problemas de competencias judiciales, según explicó el abogado.
La corte estima ahora que existe un "riesgo de violación de su derecho a un proceso junto si resulta enviado a España", expresó el abogado.
El derecho a un proceso justo se ve amenazado "cuando uno observa la manera en que han sido juzgados y condenados quienes permanecieron en España", declaró Marchand.
En Twitter, Puig saludó la decisión y pidió: "basta de persecución ideológica y basta de represión. La lucha por la libertad continúa".
De acuerdo con Marchand ahora la fiscalía podrá presentar un recurso ante la Corte de Casación.
La justicia española también ha emitido órdenes europeas de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Puig y Toni Comín, debido a su participación en el referéndum sobre la independencia catalana en octubre de 2017.
Para Puig, de 61 años y exconsejero catalán de Cultura, se trata de la tercera euroorden cursada en su contra por el Tribunal Supremo español, que busca juzgarlo por malversación de fondos públicos y desobediencia.
Por el referéndum sobre la independencia catalana en 2017, el Tribunal Supremo español condenó a hasta 13 años de prisión y de inhabilitación al exnúmero dos del gobierno regional, Oriol Junqueras.
Puigdemont, y Comín y la exministra Clara Ponsatí, en cambio, abandonaron España y ahora son legisladores electos al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo deberá ahora decidir si retira la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí, como reclama España.
Sin embargo, la pandemia de coronavirus retrató la decisión del Parlamento, ya que el caso requiere reuniones presenciales a puerta cerrada, y los mecanismos de videoconferencia utilizados no permiten garantizar la confidencialidad de las sesiones.
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