CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de enconadas discusiones en ambas cámaras del Congreso, el Senado mexicano aprobó el miércoles diversas leyes que eliminarán 109 fideicomisos que financiaban una amplia gama de actividades, desde ciencia a ayuda en caso de desastres.
A partir de ahora todos esos fondos serán centralizados por la Tesorería de la Federación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador alabó que finalmente la propuesta oficial saliera adelante porque defender esos fondos “era la defensa de la corrupción” y anunció que como todavía seguirán funcionando un tiempo, en los próximos tres meses se hará una auditoría “financiera, administrativa y técnica” para que si se hallan “evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República”.
Asimismo, garantizó que a los deportistas, investigadores, escritores y demás beneficiarios de esos fondos “no les van a a faltar recursos”.
Los partidos de la oposición, e incluso algunos socios del oficialista Morena, se opusieron a la iniciativa por considerarla una apropiación de poder y dinero que podría perjudicar a los beneficiarios al hacer que esos recursos dependan de las partidas presupuestarias anuales.
La propuesta provocó uno de los debates más acalorados de la legislatura primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, que tuvo que sesionar en una sede alterna debido a que manifestantes que protestaban en el exterior del edificio principal bloquearon sus entradas.
En conjunto, esos fideicomisos suman recursos por un equivalente a 3.200 millones de dólares para proyectos de investigación, salud, deportes, educación y apoyo a víctimas y sectores vulnerables, incluido uno para financiar la protección a periodistas amenazados. Los detractores aseguran que el gobierno quiere los fondos para cubrir sus necesidades de gasto.
Los senadores aprobaron, además, que los excedentes de esos fondos se destinen prioritariamente a combatir la pandemia de COVID-19.
Muchas organizaciones civiles indicaron en las últimas semanas que en la independencia de los fideicomisos radica precisamente su valor pero también denunciaron la falta de transparencia que había en la gestión de muchos de ellos. Por eso, su postura más generalizada era apostar por una mayor rendición de cuentas de estos instrumentos pero no por su desaparición.
El gobierno presentó el miércoles una serie de ejemplos de algunos de estos fondos y de su mala gestión de 2013 a 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre otros aspectos denunció los grandes gastos operativos que tuvieron -más de 25 millones de dólares-, sobrecostos u obras inconclusas -como la existencia de 45 grandes edificios que quedaron vacíos o subutilizados-.
Al detallar el destino de los fondos para la investigación, denunció transferencias millonarias al sector privado al que se destinaron un 44% de todos los recursos gestionados en ese periodo.
Además, según los datos oficiales, hubo un mal reparto de los recursos, privilegiando a algunos estados o, en el caso de ciertos fondos de investigación, destinando 40% de los recursos al 1 % de los beneficiarios.
El informe también reveló el envío de 73 millones de dólares a fundaciones en Estados Unidos con conexiones partidistas en México o cómo un fondo destinado a mejorar la enseñanza aprobó poner 31.000 bebederos en escuelas -ya que muchos colegios del país no cuentan con agua potable- a un costo de unos 7.600 dólares cada uno y de los que sólo funcionan 10.900.
De forma paralela, la Cámara de Diputados dio el visto bueno el miércoles en lo general a la Ley de Ingresos de la Federación con lo que avanzó en la aprobación de los presupuestos generales presentados por el gobierno de López Obrador y basados en la austeridad.
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