Argentina denuncia que se hizo espionaje a familias de víctimas del submarino

Buenos Aires, 23 sep (EFE).- La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina denunció este miércoles que el anterior Gobierno, que encabezaba el conservador Mauricio Macri, hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino que en 2018 fue hallado hundido en el océano Atlántico tras un año desaparecido.
En concreto, Cristina Caamaño, que desde diciembre pasado ocupa el cargo de interventora de la AFI por decisión del actual presidente, Alberto Fernández, presentó ante la Justicia una denuncia que afecta a diversos exfuncionarios, entre ellos Macri; quien fuera su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani.
En una conferencia de prensa en Buenos Aires junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, Caamaño especificó que se presentó la acusación tras hallar tres discos duros con documentación que acredita ese presunto espionaje, que se realizó, afirmó, "por fuera de cualquier mandato judicial y en abierta violación a la ley de inteligencia nacional".
"No estábamos hablando de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino ARA San Juan", señaló la interventora.
El buque, que pertenecía a la Armada y desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, fue hallado un año y dos días después de perderse su rastro mediante un operativo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, aunque sus restos, desmembrados en varias partes, y los cadáveres de sus tripulantes, nunca fueron reflotados.
PARTES DE INTELIGENCIA
Según fuentes oficiales, la documentación fue hallada en soportes digitales encontrados en la delegación de la AFI en Mar del Plata -localidad bonaerense donde tenía su base principal el submarino- y contiene registros en los que constan "seguimientos efectuados" a familiares en las manifestaciones que se realizaron cuando todavía no se había encontrado el submarino.
Se trata de informes fechados entre enero y junio de 2018, que muestran "seguimientos sistemáticos y fotografías" tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas en esa localidad.
En la presentación judicial se pide citar a declarar como investigados a, entre otros, al expresidente Macri "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la Política de Inteligencia Nacional".
"El espionaje ilegal fue una práctica recurrente en la administración anterior", sentenció Caamaño, que consideró que "cualquier grupo humano que pudiese causarle cierta inquietud" al anterior Gobierno "era suficiente como para espiarlo".
"Ahora, ¿qué es lo que buscaban? Tal vez esto, tener las preguntas que los familiares le querían hacer a los funcionarios para tener la respuesta adecuada, supongo", agregó.
LOS FAMILIARES FUERON NOTIFICADOS
El ministro de Defensa confirmó que se informó a los familiares de las víctimas acerca del material encontrado y la denuncia, que calificó como "una página más de la vergonzosa historia de la AFI macrista", en referencia a otras investigaciones abiertas en los últimos meses por presunto espionaje ilegal del anterior Ejecutivo a políticos, periodistas o sindicalistas.
"En el momento donde los familiares se habían organizado y reclamaban que el Estado siguiera investigando dónde estaba el ARA San Juan y contención, la respuesta del Estado fue espionaje", reprochó Rossi, que concretó que "los investigados son madres y padres que habían perdido a sus hijos; esposas que habían perdido a sus compañeros e hijos e hijas que habían perdido a sus padres".
El lugar donde se encontró el buque, a 500 kilómetros de la costa, coincidía con la zona desde la que se comunicó por última vez el comandante, cuando alertó de que se había producido un principio de incendio en las baterías, un problema que según las autoridades fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje.
Esta situación se sumó a la detección con sensores, por parte de agencias internacionales, de una "anomalía hidroacústica" consistente con una explosión en la zona donde la nave se reportó por vez última.
Casi dos años después del hallazgo del submarino prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió, así como detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda.
En 2019, una comisión investigadora del Parlamento culminó con un informe que determinó que hubo "responsabilidades compartidas" en la cadena de mando de la Armada.