San Salvador, 24 jul (EFE).- Autoridades de la estatal Universidad de El Salvador (UES) insistieron este viernes en que el presidente Nayib Bukele, como comandante de la Fuerza Armada, ordene la entrega de archivos militares con información de hechos sucedidos en la guerra civil (1980-1992).
A propósito del 45 aniversario de la desaparición y masacre de estudiantes del 30 de julio de 1975, la UES emitió un pronunciamiento en el que también solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que promueva la acción penal para dar respuesta a crímenes de guerra como el mencionado.
"Pedimos al presidente y comandante de la Fuerza Armada que ordene a las autoridades militares y a quienes guardan los archivos con relación a estos hechos la entrega de estos documentos para determinar la responsabilidad y sancionar a los actores intelectuales y materiales", indica el pronunciamiento.
Además, las autoridades de dicha universidad solicitaron al Ministerio Público que "promueva la acción penal en el caso de la masacre de los estudiantes para dar respuesta a las denuncias de los más de 60 casos de desaparecidos presentadas por la institución y familiares de las víctimas".
En reiteradas ocasiones las autoridades de la UES han solicitado a los presidentes de turno que ordenen la entrega de archivos militares para reparar los daños ocasionados por militares durante las intervenciones al campus antes y durante el conflicto armado, sin que hasta el momento hayan hecho eco.
El 30 de julio de 1975, por orden del entonces ministro de Defensa, Carlos Humberto Romero, el Ejército reprimió violentamente la marcha organizada por los estudiantes de la Universidad de El Salvador, acompañados de alumnos de secundaria.
La intervención militar, efectuada con gases lacrimógenos y armas de fuego, se saldó con un número de estudiantes muertos y desaparecidos no contabilizados hasta la fecha, debido a que los agentes de seguridad bloquearon el paso al lugar y recogieron los cuerpos, según declararon algunos testigos de los hechos.
Investigaciones efectuadas posteriormente por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos señalan que, aunque la cifra exacta de fallecidos se desconoce, fueron alrededor de 100 personas las que se contabilizaron como muertas y desaparecidas.
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