Temor a la impunidad tras la muerte en Irán de cientos de manifestantes en 2019

Las autoridades iraníes admitieron por primera vez a principios de junio que unas 200 personas habían muerto en las manifestaciones de noviembre de 2019, pero los grupos de derechos humanos temen que el número real de víctimas sea mucho mayor y que los responsables de la represión nunca sean llevados ante la justicia.

En 2019, Irán fue escenario de una ola de protestas que se extendió rápidamente a más de 100 ciudades tras el anuncio de un aumento del precio del combustible el 15 de noviembre. La policía restauró el orden en tres días, a costa, según Amnistía Internacional, de una represión "despiadada". La represión se acompañó de un corte casi total de internet.

Doscientas treinta personas murieron durante los disturbios, según un primer informe oficial publicado a principios de junio. Pero según Amnistía Internacional al menos 304 personas fallecieron, incluyendo 10 mujeres y 23 niños, y miles resultaron heridas.

Entre estas 304 víctimas, 300 murieron por balas disparadas por la policía, según un informe publicado en mayo por Amnistía Internacional.

Un grupo de expertos independientes que trabajan para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó en un informe publicado en diciembre que el número de muertos podría superar los 400.

Según los informes y vídeos, las fuerzas de seguridad "no sólo dispararon balas reales a manifestantes desarmados, sino que apuntaron a sus cabezas y órganos vitales", señala el informe.

"Creemos que el número real de muertos es mucho más alto de lo que las autoridades han anunciado (...) Están lejos de decir la verdad", dijo a la AFP Raha Bahreini, investigadora sobre Irán de Amnistía Internacional.

Destaca que las autoridades no han dado ningún detalle de su balance oficial y no han dado la identidad de las víctimas. Este balance "es una negación persistente de la verdad por parte de las autoridades iraníes y una continuación de sus esfuerzos por evadir la responsabilidad y la justicia", dijo.

- Familias "silenciadas" -

Varias organizaciones de derechos humanos, con sede fuera de Irán, denuncian el hecho de que hasta ahora no se ha investigado a nadie -ni a un solo agente de policía o funcionario de alto nivel- después de la represión de 2019.

Shadi Sadr, abogado iraní y director del grupo Justicia para Irán (JFI), dijo a la AFP que las autoridades "no han reconocido sus abusos y violaciones del derecho a la vida". "Tienen el deber de investigar cada caso individual", agregó.

En diciembre de 2019, el Líder Supremo de Irán había aprobado medidas de apaciguamiento autorizando una compensación financiera para algunas víctimas de la represión.

Shadi Sadr señala un informe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en el que se identificaron tres tipos de personas que murieron en las protestas y los disturbios: "ciudadanos" que "no desempeñaron ningún papel" en las protestas, personas que participaron en las manifestaciones y alborotadores "armados".

En lugar de recomendar que se lleve a cabo una investigación judicial, el informe considera que cada muerte es legal, y "la única preocupación de las autoridades es establecer qué víctima pertenece a qué categoría de personas muertas legalmente (...)", critica un informe de la JFI.

Según Shadi Sadr, "muchas familias han sido silenciadas por el gobierno por diversos métodos", entre ellos el pago de dinero pero también el chantaje, como permitir que las familias vean el cuerpo de su ser querido asesinado a cambio de una declaración firmada en la que se comprometen a guardar silencio.

Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos del Irán, con sede en Nueva York, dijo que le sorprendía que todavía no se hubiera establecido "por qué hubo disparos desde el comienzo de los disturbios". "Nadie dijo de dónde vinieron estas órdenes", añade.

Amnistía ha instado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que inicie una investigación sobre los asesinatos de noviembre de 2019.

"La impunidad está tan arraigada en Irán que no hay perspectivas de que se lleven a cabo investigaciones penales a nivel nacional en un futuro próximo", dijo Raha Bahreini de Amnistía.

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