CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los recortes que ordenó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al presupuesto de cuestiones como arqueología, reservas naturales y víctimas del delito, han sido tan pronunciados — en algunos casos de hasta el 75% — que partes de su propio gobierno expresaron el jueves su descontento.
López Obrador afirma que los recortes son necesarios para recaudar fondos para el sector salud durante la pandemia del coronavirus, y se rehúsa a solicitar préstamos o aumentar el déficit presupuestal, a pesar de que muchos gobiernos lo han hecho.
Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalaron en una carta difundida el jueves, que al instituto se le redujo el 75% del presupuesto a pesar de que supervisa 193 zonas arqueológicas abiertas al público y cientos más que no lo están.
“El INAH está en peligro de quedar paralizado en sus funciones como parte de la Administración Pública Federal", dice la misiva de los investigadores, en la que se destaca que los recortes anunciados el 22 de mayo ponen en riesgo más que la investigación y la educación. Las ruinas prehispánicas y edificios coloniales del país están bajo amenaza constante de saqueos, vandalismo y deterioro.
Por su parte, la comisión encargada de 182 parques y reservas naturales del país manifestó su preocupación y pidió que se restauren parte de los fondos.
“Hemos establecido un diálogo permanente con diversas instancias del gobierno de México para revisar el ajuste presupuestario”, señaló la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en un comunicado.
Incluso más que los sitios arqueológicos, las reservas naturales de México enfrentan la amenaza constante de taladores, recolectores de vida silvestre e incluso de los cárteles del narcotráfico que utilizan los parques para la instalación de laboratorios clandestinos.
También el jueves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a López Obrador a revertir los recortes en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo que proporciona ayuda financiera y de otro tipo a las familias de personas desparecidas y víctimas de otros delitos.
La comisión de atención a víctimas señaló que el recorte “frenará sus actividades y paralizará su funcionamiento”.
Pero la CNDH indicó que, más que reducir la capacidad de funcionamiento de la comisión de atención a víctimas, “derivado de las medidas adoptadas, en realidad dicha institución tendería más bien a desaparecer”.
Más de 60.000 mexicanos han desaparecido en el país desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, y muchos de sus familiares — y otros que han sufrido abusos de la policía y el crimen organizado — pasan problemas para localizarlos o hacer justicia en sus casos.
Las tres agencias gubernamentales afectadas por los recortes ya operaban con presupuestos reducidos, en parte porque López Obrador desconfía de los organismos reguladores y de supervisión independientes y prefiere destinar los fondos del gobierno a programas de pagos directos a la ciudadanía, como becas y pensiones.
El partido de López Obrador, Morena, intentó el mes pasado disolver un fondo gubernamental que brinda subsidios o préstamos a la industria cinematográfica nacional. Se requirió de una campaña de los cineastas ganadores del Oscar como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu para dar marcha atrás a esa medida.
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